CC.OO. acusa a Ondara de falta de previsión
A la espera de que mañana la mesa negociadora del ERTE exponga los motivos que justifiquen el ERTE, el secretario general de CCOO de Soria, Javier Moreno, ha acusado a la empresa de “falta de previsión” ante una situación que Ondara conocía porque está pendiente de la licencia de comercialización de la Agencia Estatal del Medicamento.
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Moreno ha advertido hoy en un comunicado que “desde que se cosecha la planta hasta el permiso de comercialización de la Agencia, sabíamos que había puntos muertos que la empresa tenía que haber previsto”.
En abril se cumplieron las expectativas cuando los trabajadores consiguieron recolectar el primer lote de marihuana con fines medicinales.
Ahora la planta de Garray está prácticamente parada pendiente de que la Agencia Estatal del Medicamento y la empresa comprueben que el proceso cumple la normativa como requisito imprescindible para la obtención de la licencia de comercialización.
La empresa ya obtuvo la licencia de validación pero no puede vender la cosecha en tanto no consiga la de comercialización.
Moreno ha explicado que la mesa negociadora concretará mañana no sólo las causas que justifiquen el ERTE sino también el período de vigencia que, en principio, estará condicionado por la aprobación de la licencia de comercialización de la Agencia Estatal del Medicamento.
A partir de la constitución de la mesa, hay quince días para negociar las condiciones del ERTE.
Moreno ha adelantado que CCOO tiene un claro objetivo, “que la plantilla no sufra las consecuencias de esta situación”.
Y es que las condiciones del ERTE perjudican al trabajador porque se le paga el 70% de la base reguladora y no tiene derecho ni a las pagas extraordinarias ni los días de vacaciones correspondientes.
“Además hay trabajadores que quizá no tengan derecho al ERTE porque ya agotaron los días en el ERTE de 2021”, ha señalado Moreno.
En diciembre de 2021 Ondara despidió a 151 personas con un ERE de extinción por lo que la plantilla se redujo a los 70 trabajadores actuales.
En febrero de este año, el entonces viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, anunció que estaban trabajando en las posibles vías para la recolocación de estas 151 personas.
