Los sindicatos quieren reunirse con el alcalde para exigir el cumplimiento "escrupuloso" del convenio
Denuncian que no se están cumpliendo muchos de los puntos del convenio colectivo
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Los sindicatos USO, UGT, CCOO, CSIF y SPPME han presentado al mediodía de hoy en el registro del Ayuntamiento de Soria una solicitud para reunirse de forma “urgente” con el alcalde Carlos Martínez y abordar la recuperación de los derechos de los empleados públicos municipales y el el cumplimiento “escrupuloso” del vigente convenio de personal.
El representante sindical de CSIF, José Ignacio Díez, ha expresado esta intención, consensuada con todos los representantes de los trabajadores, está justificada por la falta de respuesta por parte del equipo socialista de Gobierno tras las peticiones que se han venido remitiendo y que no han tenido respuesta.
“Es una paralización de comunicaciones entre el Ayuntamiento y los trabajadores”, ha lamentado.
Díez ha destacado que no se está cumpliendo muchos de los puntos del convenio colectivo, algunos de ellos sin resolver desde hace tres ejercicios, sobre todo ante la finalización del presente acuerdo laboral, que termina el próximo 31 de diciembre y para el cual no han comenzado las negociaciones.
“Han de demostrar que tienen voluntad de cumplir lo que firman”, ha subrayado, antes de lamentar que no se ha convocado ninguna reunión para el convenio de 2016, por lo que en las negociaciones los sindicatos tratarán de dejar un lado “el ya veremos” que según ha dicho, manifiestan en el Ayuntamiento durante las conversaciones anteriores.
El escrito presentado contempla retomar asuntos como “las oportunas convocatorias” de empleo público, pasando por la revisión de complementos específicos. la reclasificación de personal, la “legal cobertura” de las vacantes y “el normal desarrollo” de las carreras profesionales en el seno de esta administración pública, “con sujeción a los principios de igualdad y mérito”.
También han resaltado que los sindicatos tienen voluntad de solucionar de manera negociada “el evidente agravio comparativo” respecto a los funcionarios del Estado, un punto en el que inciden que el Ayuntamiento “no ha clarificado su posición”.