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El empresario Agapito Iglesias, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Plaza

Los hechos se remontan a julio de 2005

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cuatro años de cárcel al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, al exconsejero delegado Carlos Esco y al empresario soriano Agapito Iglesias como coautores de un delito de malversación de caudales públicos por el caso Codesport. Además, deberán indemnizar a Plaza con 8,7 millones de euros.

El empresario Agapito Iglesias, condenado a cuatro años de cárcel por el caso Plaza

Les ha condenado como coautores de un delito de malversación de caudales públicos y les obliga a indemnizar a Plaza con 8.740.140,80 euros, ya que considera que es el precio que Plaza pagó de más a Codesport, propiedad de Iglesias, por la construcción de 119 naves en la plataforma logística.

Algunas modificaciones fueron aprobadas por el consejo de Plaza, presuntamente con engaños de los responsables, pero parte del dinero pagado a Iglesias en dos pagarés --firmados por Escó y García Becerril-- por valor de 8,7 millones de euros no pasaron por este órgano.

La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, incluye el voto particular del magistrado Alfonso Ballestín, quien considera que sólo se debería haber condenado a García Becerril, según ha reflejado hoy la prensa aragonesa.

Los hechos juzgados se remontan a julio de 2005 cuando Plaza y Codesport firmaron un contrato por valor de 14,5 millones de euros para construir 78 naves en la Plataforma Logística de Zaragoza. En febrero de 2006, Plaza firmó un "novedoso contrato" con Autocity en virtud del cual se vendía toda la promoción de naves, pactando un aumento de 78 a 119, unas nuevas condiciones que aceptó Codesport.

La sentencia, de 73 páginas, reconoce que aunque Plaza, como promotora, fue abonando a Codesport los importes de la obra a medida que ésta se fue ejecutando, "previa presentación de facturas debidamente conformadas y certificaciones de obra", finalmente se abonó, no el importe inicial de 14,5 millones de euros, sino el de 32,4. Teniendo en cuenta que el nuevo contrato con Autocity sólo justificaba un incremento hasta los 22,3 millones de euros.

Ninguna cláusula del contrato con Autocity autorizaba sobreprecios ni revisiones de los precios pactados entre Plaza y Codesport, sino únicamente "un neto incremento del precio total por mero incremento de los metros cuadrados construidos de techo de nave y por mero incremento de suelo urbanizado".

Sobrecostes

Sin embargo, desde julio de 2008, Agapito Iglesias llevaba pidiendo "insistentemente" a García Becerril y a Esco que le pagaran 8.740.140,80 euros por "sobrecostes, revisiones de precios y por modificaciones de obras", reza la sentencia, puesto que Autocity no se las pagaba por haber entrado tal mercantil en una mala situación económica, y de hecho entró en concurso de acreedores en 2010.

García Becerril y Esco se negaron, "pues sabían que ese pago no le correspondía a Plaza, sino a Autocity", apuntan los magistrados.

Sin embargo, a finales de noviembre de 2008, accedieron a pagarle esos 8,7 millones de euros.

Entonces, Iglesias presentó cuatro facturas, fechadas a 1 de diciembre de 2008, "que no estaban apoyadas en certificación alguna" -reza la sentencia- y Plaza libró cuatro pagarés a favor de Codesport, causando un "notorio perjuicio" a la sociedad pública.

Los magistrados, que absuelven al exdirector técnico Miguel Ángel Pérez Cervantes al entender que no certificó esos sobrecostes y revisiones de precios, consideran que "era perfectamente evitable el pago de esas cuatro facturas" y que Iglesias podía haber reclamado su cobro en los tribunales.

Señalan además los magistrados de la Sección Sexta que el Consejo de Administración de Plaza "no fue avisado previamente" de esas cuatro facturas y de esos cuatro pagarés ni por el exgerente, ni por el exconsejero delegado, a pesar de tratarse de un tema "más que vidrioso".

La Audiencia Provincial de Zaragoza entiende que lo 8,7 millones de euros abonados a Codesport eran "caudales públicos de una sociedad pública con forma mercantil, pero sociedad pública", y, por lo tanto, se trata de "una malversación de especial gravedad" atendiendo al valor de la cantidad.

Asimismo, consideran que Iglesias es "coautor por inducción directa" sobre García Becerril y Esco y que "actuó con evidente ánimo de lucro ilícito", al obtener los 8,7 millones de euros sabiendo que Plaza "no se los debía", "pero este detalle le importó muy poco, porque lo único que él quería era cobrar", añade la sentencia.

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