La FAPE denuncia que desinformación es la mayor amenaza para el periodismo y la democracia

La LXXXIV Asamblea general de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada este fin de semana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, ha recogido en la Declaración de Cádiz las demandas más urgentes dentro de la profesión periodística.

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En este manifiesto se denuncia que la desinformación es hoy la mayor amenaza para el periodismo y la democracia, y que solo un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, el rigor y la honestidad, puede garantizar el derecho constitucional a recibir una información veraz.

El texto también exige que los periodistas puedan ejercer la profesión sin intimidaciones, ni coacciones, garantizándose la libertad de prensa.

La Declaración de Cádiz ha sido respaldada tras recoger las propuestas presentadas por las diferentes asociaciones que conforman la Federación.

Dichas propuestas planteaban a debate temas como la irrupción de la IA y su regulación en los medios; la actualización del Código Deontológico; la desinformación y la polarización política; la precariedad laboral o la protección de los profesionales en el ejercicio de la profesión.

Cerca de un centenar de periodistas de todo el país han participado esta mañana en una asamblea donde se han presentado varias iniciativas relacionadas con el uso de la IA y su aplicación en el Periodismo. T

odas ellas han sido recogidas en una única propuesta, aprobada por unanimidad, que será estudiada por la Comisión de expertos y periodistas para la regulación del uso de la IA creada en la pasada asamblea, celebrada en Talavera, y compuesta por varias asociaciones federadas.

Con la aprobación de la propuesta de la Asociación de Periodistas de Albacete, la FAPE trasladará al Gobierno y demás instituciones públicas la petición de establecer una regulación que garantice que los puestos destinados a labores de comunicación en la Administración Pública sean ocupados exclusivamente por titulados en Periodismo o Comunicación Audiovisual.

Del mismo modo, ha sido apoyada la propuesta de Asociación de Periodistas de las Islas Baleares sobre el intrusismo amparado en los colectivos sectoriales.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Asociación de Periodistas de Cantabria han propuesto actualizar el Código Deontológico para que se adecúe a la nueva realidad a la que se enfrenta la profesión.

Tras la defensa de dichas propuestas, se ha aprobado crear una comisión que estudiará dicha actualización.

También ha salido adelante la propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla de hacer un llamamiento a los medios públicos, y a los compañeros que trabajan en ellos, para que cumplan con su obligación de hacer exclusivamente información veraz y sean referentes en la lucha contra la desinformación, la manipulación y la mentira.

Por otro lado, dos iniciativas presentadas por la Unió de Periodistes Valencians han contado con el respaldo de la Asamblea.

La primera, solicitaba que las ayudas públicas queden condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo de los periodistas; y la segunda instaba a las administraciones públicas a reconocer a los periodistas como personas de autoridad en el ejercicio de su profesión, con el fin de reforzar su protección frente a las agresiones y amenazas que reciben en el desempeño de su labor informativa.

A petición de la Asociación Profesional Periodistas Valencianos, se ha aprobado el desarrollo de un plan estratégico para el fortalecimiento del periodismo local.

También ha contado con el apoyo de la Asamblea la petición de la asociación valenciana sobre el rechazo a la limitación de preguntas en las ruedas de prensa institucionales.

En el ámbito del funcionamiento interno de la Federación, se ha aceptado la propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga de realizar más reuniones, de forma telemática, entre asambleas generales para cuestiones urgentes que afecten al ejercicio profesional.

Del mismo modo, se ha validado la propuesta de la Junta Directiva sobre el reparto de las aportaciones que realizan las asociaciones en la financiación de la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología.

Apertura institucional

Previo a la Asamblea, ha tenido lugar la apertura institucional con la presencia del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y el teniente de alcalde de Cádiz, Pablo Otero; que estuvieron acompañados en la mesa por el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Diego Calvo, y el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.

Declaración de Cádiz

En este tiempo de absoluta hegemonía y dominio del poder digital, la asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), reunida en la ciudad Cádiz, denuncia que la desinformación es hoy la mayor amenaza para el periodismo y la democracia, y que solo un periodismo basado en códigos éticos y deontológicos, regido por el principio de veracidad, el rigor y la honestidad, puede garantizar el derecho constitucional a recibir una información veraz.

Del mismo modo, exige que los periodistas puedan ejercer la profesión sin intimidaciones, ni coacciones, garantizándose la libertad de prensa. En una sociedad cada vez más polarizada por el debate político, la democracia solo se verá fortalecida con medios fuertes, rigurosos, independientes y plurales.

El ejercicio de esta profesión de servicio público solo será posible con una financiación transparente y estable. Ante la precariedad del sector periodístico, la FAPE pide a las administraciones públicas que no otorguen a los medios de comunicación ayudas económicas, ya sean subvenciones o publicidad institucional, que vayan destinadas a financiar el despido de profesionales o a recortes laborales, y no al mantenimiento de estas empresas, lo que repercutirá negativamente en la calidad de la información. Igualmente, deben quedar excluidos de esas ayudas públicas aquellos medios y periodistas que hayan sido condenados por desinformar o mentir. En este sentido, la FAPE insta al Gobierno a que agilice la transposición del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que ha de entrar en vigor el próximo mes de agosto, y a que impulse las funciones del Comité Europeo de Servicios de Comunicación, que ha de velar por la pluralidad informativa; el reparto de la publicidad institucional para que este sea equitativo y no arbitrario, ni se utilice en beneficio de intereses partidistas; así como para fomentar el uso de medidas y herramientas eficaces para fortalecer la alfabetización mediática.

En este sentido, la FAPE reitera la necesidad de implantar una asignatura desde Educación Primaria, imprescindible para capacitar desde edades tempranas en el uso y consumo responsable de contenidos en línea y en el fomento del pensamiento crítico, en cumplimiento del derecho a la educación digital en el aula, recogido en la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales de 2018.

Ante el debate de cómo está afectando la Inteligencia Artificial a la profesión periodística, que en algunos casos está sustituyendo al capital humano en unas redacciones cada vez más mermadas, la FAPE insta a las empresas editoras y grupos periodísticos a que inviertan en la formación y capacitación de los periodistas para que la tecnología esté al servicio de la profesión y de la sociedad, desde un uso ético y responsable. Asimismo, la FAPE solicita al Gobierno medidas contundentes para evitar que las grandes plataformas, que amplifican narrativas de desinformación, sigan operando con total impunidad.

La FAPE también denuncia que los medios de comunicación públicos no pueden estar al servicio de un gobierno o de un partido político, ni pueden convertirse en paradigma de la desinformación, la manipulación y la mentira. Como servicio esencial financiado con dinero público, estos medios se deben exclusivamente a la ciudadanía y deben ser referente del periodismo libre, veraz, riguroso y útil. Un periodista de un medio público tiene que ser consciente de que nada ni nadie le puede obligar a desinformar, manipular o mentir y que no puede ser autor o cómplice de la práctica de ese mal periodismo.

Por último, desde la FAPE, hacemos un triple llamamiento. En primer lugar, a los periodistas, para que sean militantes comprometidos en el ejercicio de la profesión. Por otro, a los partidos políticos, para que acaben con la crispación y eviten utilizar a la prensa como vehículo de transmisión; y, por último, a la ciudadanía, a quienes nos debemos, para que apueste por la información de calidad, contrastada, verificada y elaborada por periodistas, para que, junto a los profesionales de la información, apoye y defienda el buen periodismo en defensa de su derecho a una información libre y veraz.

SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA