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TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (y II)

Ricardo Mínguez Izaguirre analiza y saca sus conclusiones, en esta segunda parte del artículo de opinión, las carencias que, a su juicio, contienen el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados.

TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (y II)

Escultura "El abrazo", de Juan Genovés, a los abogados víctimas del atentado de Atocha de 1977.

TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (y II)

El Director General recomendó la lectura del magnífico libro de Geraldine Schwarz “Los amnésicos”, pero, ¿para qué? Porque la conclusión de su lectura es que sin el completo conocimiento por la sociedad de todos los hechos relacionados con el nazismo (nada de “borrón y cuenta nueva”) y sin la radical aplicación de justicia y reparación (incluso económica) a las víctimas o a sus herederos, es imposible la reconciliación de toda la sociedad para poder encarar el futuro como una única nación que haya superado los traumas sociales causados por la barbarie de los fascismos.

Si se repasaran públicamente los casos de altos cargos políticos, jueces y responsables del aparato policial-represor del franquismo que pasaron virginalmente en la Transición a ocupar puestos oficiales, incluso en el Gobierno del Estado, España optaría, sin duda, al primer puesto en la lista de actos contrarios al mínimo sentido, no ya de justicia reparadora, sino común para erradicar de la Administración a personas opuestas a la democracia cuya implementación ellos mismos deberían realizar. El historial de Martín Villa es paradigmático en cualquiera de los anteriores aspectos. Seguro que en 1977 se hizo “lo mejor posible”, sí. Pero estamos en 2021 y aquellas semillas han dado sus frutos; hora es ya de conocer nuestra reciente Historia para asumirla como tal (reconciliación) y poder así entender y corregir nuestro presente (garantía de no repetición).

Sin duda que consecuencia de lo anterior es la incomprensible e injustificable tolerancia con que se autorizan o consienten declaraciones públicas y actos de exaltación de la dictadura o del fascismo. ¿Por qué no adoptamos en España para estas situaciones normas similares a las que rigen en Alemania para todo lo relativo al nazismo? ¿Alguien imagina una Fundación Adolf Hitler en Alemania? ¿Hasta cuándo tendrá que soportar nuestra democracia el lastre de una Fundación Francisco Franco? (Artº. 3 Ley 50/2002 de Fundaciones: “Las Fundaciones deberán perseguir fines de interés general…” Que alguien me lo explique).

Y surgen las preguntas fundamentales. ¿Cuál debe ser el objetivo sustancial perseguido por la nueva Ley de Memoria Democrática? Confío en que para la respuesta haya un consenso absoluto de la sociedad española: sentar las bases legales para la verdadera reconciliación de todos los españoles, herederos forzosos de una Historia tan próxima en el tiempo y con el lastre de la no resolución de los problemas creados por su tremenda carga de odio y violencia que nos impide sentirla como algo ya pasado, como algo verdaderamente perteneciente a la Historia. Sin duda que esa es una condición imprescindible para el saneamiento y la consolidación de nuestra democracia. No puede haber borrón y cuenta nueva sin la previa asunción de los repetidos cuatro principios: Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición con el significado que actualmente señala la ONU.

Sin el completo y general conocimiento de la Historia -la Verdad- y sin la completa obtención de Justicia, que no venganza, mediante la rendición de cuentas de los victimarios (incluidas en tantos casos las empresas que se aprovecharon de los desmanes de la dictadura), no será posible ni la verdadera Reparación del daño causado a las víctimas ni la consolidación de una completa democracia en nuestro país. La sociedad española sólo superará la persistente resaca del fascismo enfrentándose con valor a la Verdad de lo sucedido, incluido, claro está, el papel de la Iglesia Católica, que ha recogido sus últimos frutos gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el gobierno de Aznar en 1998.

Y, entonces, ¿qué impide que la nueva Ley establezca los medios para solucionar verdaderamente los problemas señalados? Porque la introducción de una enmienda que se reconoce inoperante no parece sea de recibo ni por las víctimas ni por el conjunto de la sociedad. La impresión final es que, por algún poder ajeno al Ejecutivo, se han fijado unos límites inviolables, a sabiendas de que impedirán la tan deseada reconciliación intelectual, política -visceral si se quiere- de la inmensa mayoría de los españoles, y que seguiremos transmitiendo a las nuevas generaciones la existencia de dos bandos irreconciliables; o, lo que es peor, el olvido intencionado de la Historia común, con el consabido riesgo de repetir los errores del pasado.

Muchos confiamos en la sincera intención del Gobierno y de los partidos que lo apoyan de cerrar definitivamente las heridas que continúan lacerando la vida política del país y favoreciendo el crecimiento de seguidores de una extrema derecha heredera de las convicciones y, claro está, de la defensa de los parejos intereses que llevaron a la guerra civil y la posterior dictadura fascista. Pero somos muchos también los que no entendemos el tremendo poder que ejercen quienes imponen esos límites a tan loable intención, impidiendo una vez más el avance hacia una completa reconciliación social. No debiera desaprovecharse la oportunidad para que el Congreso alumbre una verdadera Ley de Memoria Histórica Democrática que no requiera una futura revisión como ocurre a la anterior. Y si no es así, cabrá preguntarse con razón: pero, ¿quién manda en España?

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre

 

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