Plan "de choque" para rebajar la luz

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de la luz que está teniendo los altos precios del mercado mayorista eléctrico (pool), que ha pulverizado todos sus récords al fijar para mañana un precio medio de 172,78 euros megavatio hora (MWh).

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno y mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que en 2018.

La medida reducirá la factura mensual un 22 por ciento hasta final de año. Esta rebaja ascenderá hasta el 30 por ciento si sumamos la disminución del IVA del 21% al 10% que se aprobó en junio, según los cálculos del Gobierno.

La norma combina medidas generales, que benefician a todos los consumidores, con medidas específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses.

Así, entre las actuaciones destinadas a todos los consumidores, el Real Decreto ley incluye medidas coyunturales, como rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5 por ciento y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7 por ciento a la generación; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio; o minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.

A la par, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.

También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima.

Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden.

Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Reducir el impacto del gas

Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía.

En aquel momento, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21 por ciento al 10 por ciento hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7 por ciento a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.

Desde el mes de junio, catapultado por la cotización del gas natural en los mercados internacionales y por la elevada cotización del CO2 en la UE, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha crecido un 80 por ciento, alcanzando unos niveles nunca vistos que han creado alarma social y son motivo de evidente preocupación.

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española” ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para detener esa espiral, el Real Decreto-ley establece medidas acordes con el ordenamiento jurídico interno y con la normativa europea. Su aplicación inmediata dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Medidas temporales

Entre las decisiones adoptadas, destacan las fiscales: prorrogar hasta fin de año de la suspensión del impuesto que grava con un 7 por ciento la generación; reducir desde el 5,1 por ciento hasta el 0,5 por ciento el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) –el mínimo permitido por la regulación comunitaria–, y ampliar el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones.

Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.

Para ello se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono, ahora en tramitación en el Congreso.

Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas).

Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.

Por otro lado, atendiendo a la consideración del agua embalsada como un bien de primer orden económico, social y ambiental, se modifica la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses.

Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.