A la cabeza en plazas residenciales de financiación pública
Castilla y León se ha situado a la cabeza en número de plazas residenciales de financiación pública con un 80 por ciento del total.
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La Comunidad autónoma supera en 17.409 plazas la ratio establecida de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que establece además, que el índice de cobertura en Castilla y León es el más alto de España con un 7,8 por ciento frente al 4,2 de la media nacional.
Asimismo, el número de plazas residenciales tanto públicas como privadas ha pasado en la Comunidad de 42.725 en el año 2010 a 48.089 en 2019, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento mientras que la media nacional se situó en el 5,4 por ciento.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León continúa mejorando la atención a los mayores en la Comunidad, como lo demuestra, a su juicio, el reconocimiento realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que, en su informe sobre la Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las Comunidades Autónomas 2010-2019, establece que Castilla y León es la comunidad con más plazas residenciales de financiación pública con un 80 por ciento del total.
Asimismo, supera en 17.409 plazas la ratio establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años y ofrece el índice de cobertura más elevado con un 7,8 por ciento frente a la media nacional del 4,2 por ciento.
Una ratio que tan solo alcanzan las comunidades de Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias, ya que en el resto dicha ratio de plazas residenciales se sitúa por debajo de la recomendación de la OMS.
Además, el número de plazas residenciales tanto públicas como privadas ha pasado en la Comunidad de 42.725 en el año 2010 a 48.089 en 2019, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento, mientras que la media nacional se situó en el 5,4 por ciento.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades consciente de la necesidad de avanzar cuanto antes en la Ley de Atención Residencial, constituyó el pasado mes de julio varios grupos trabajo que han contado con una amplia participación de todos los sectores que han solicitado formar parte de los mismos y en los que han estado representados, la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Servicios Sociales, los sindicatos, la patronal, las asociaciones de personas mayores o con dependencia, los colegios profesionales y grupos políticos además de expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial.
A través de distintas ponencias se han analizado aspectos relacionados con el ámbito laboral, la perspectiva de entidades del Tercer Sector y colegios profesionales, la atención centrada en la persona, las unidades de convivencia y seguridad, la atención sanitaria, la evaluación de los distintos modelos en España y otros países, así como la perspectiva política, de los propios destinatarios y también el aspecto ético que ha incluido entre otros el análisis de la eliminación de sujeciones.
De esta manera, se cumple el compromiso alcanzado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el resto de formaciones políticas en el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social y que en el ámbito de la protección social, establece el incremento del 25 por ciento de las plazas residenciales de responsabilidad pública a lo largo de la legislatura, la revisión del modelo de atención residencial, el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual con la incorporación de las nuevas tecnologías así como la elaboración de una Ley de Atención Residencial.
Precisamente, debido al aumento de la demanda en el cuidado de nuestros mayores y a que gran parte del bienestar de las personas que residen en los centros depende de la atención que reciben, la Junta de Castilla y León considera necesaria la elaboración de una Ley de Atención Residencial que garantice los derechos de las personas que viven en dichos centros y que defina el modelo de atención que mejor preserve su dignidad y calidad de vida.
