UGT y CCOO respaldan movilizaciones para defender el derecho a la vivienda en Castilla y León
CCOO y UGT Castilla y León han mostrado su apoyo a las movilizaciones que tendrán lugar mañana sábado en diferentes provincias de todo el país para reclamar el derecho a la vivienda en la Comunidad.
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Concretamente, en nuestra comunidad, se celebran en Segovia (Plaza del Azoguejo), Burgos (Plaza del Cid), Miranda de Ebro (Calle Estación), Salamanca (Plaza de Barcelona) y Valladolid (Plaza Fuente Dorada).
Los secretarios autonómicos, Óscar Lobo (UGTCyL) y Vicente Andrés (CCOOCyL) participarán en la convocatoria que se efectuará en Valladolid, donde se encuentran las sedes autonómicas de ambos sindicatos, para reclamar el cumplimiento efectivo del derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y sostenible.
De acuerdo con las organizaciones sindicales, “la gravedad del problema y la insuficiencia de las medidas adoptadas por los poderes públicos para facilitar el ejercicio de un derecho fundamental nos obliga a situar el derecho a la vivienda como una absoluta prioridad. Porque, además, es la clase trabaja dora la principal afectada por esta situación que está lastrando la vida presente y futura de varias generaciones”.
Y es que, según UGT y CCOO, las políticas de vivienda aplicadas durante décadas “son directamente corresponsables de que millones de personas no puedan acceder a una vivienda digna, así como del empobrecimiento de la clase trabajadora, que debe destinar gran parte de su salario al pago de alquileres e hipotecas a precios desmedidos”.
Además, la situación en Castilla y León está agravada por la resistencia del Gobierno autonómico a aplicar las primeras medidas de control de precios derivadas de la ley por el derecho a la vivienda.
Al respecto, desde UGT y CCOO. han considerado “urgente hacer cumplir la ley por el derecho a la vivienda ampliando la competencia de declaración de zona tensionada a las entidades locales, en caso de que las comunidades no quieran hacerlo, y condicionando la financiación del Estado en materia de vivienda al cumplimiento de la ley”.
Ciudades como Segovia, Salamanca o Valladolid han visto cómo se disparaban los precios de los alquileres de las viviendas en los últimos años, tanto por la llegada de trabajadores madrileños facilitada por la ubicación geográfica y la conexión con líneas ferroviarias de alta velocidad como por el repunte de la actividad económica principal basada en la recepción de estudiantes extranjeros que necesitan una solución habitacional.
Por eso, ambos sindicatos han estimado imprescindible limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas, además de regular y limitar nuevos fenómenos vinculados a formas de arrendamiento temporal que han contribuido a elevar los precios del alquiler -como el alquiler turístico, de temporada y habitacional.
Pero no solo se trata del alquiler.
Las dificultades para adquirir una vivienda debido al encarecimiento de su precio y su financiación a causa de la especulación se han convertido en un obstáculo para acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda.
En este sentido, CCOO y UGT han aludido a la necesidad de “transformar el mercado hipotecario hacia un modelo que garantice y facilite el acceso a la financiación hipotecaria a las personas trabajadoras que deseen comprar una vivienda en condiciones sostenibles”.
No obstante, la relevancia de esta situación requiere, para los sindicatos, “la adopción de medidas determinantes y eficaces, tanto en el corto como en el largo plazo, como la necesaria intervención del mercado del alquiler; la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler social y a precios asequibles con carácter permanente; movilizar, adquirir y rehabilitar vivienda privada del stock de viviendas vacías existente en las zonas tensionadas para su puesta en alquiler a precios asequibles, con garantías jurídicas y de pago a los propietarios desde las administraciones; desincentivar fiscalmente el uso de la vivienda como negocio; y que el esfuerzo de los hogares para alquilar o comprar una vivienda no sobrepase el 30 por ciento de los ingresos”.
