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Castilla y León

UGT denuncia la privatización de residencias de mayores

UGT ha denunciado la privatización y "precarización" del sector del cuidado de personas mayores con dependencia, del que han criticado que solo 3.415 de las 47.800 plazas que se ofertan en Castilla y León son públicas (7,1 por ciento) y acusado al modelo de la Junta porque "prima lo privado".

UGT denuncia la privatización de residencias de mayores

Representantes de UGT han ofrecido este viernes en Valladolid, durante una rueda de prensa, un informe sobre las residencias privadas que realizaron a lo largo de 2019, donde han acusado a las empresas privadas que gestionan las residencias de buscar su propio lucro por encima de la calidad de la atención a los pacientes.

"Una dependencia no puede ser un negocio", ha criticado el secretario de Servicios Públicos de UGTCyL, Tomás Pérez, quien ha detallado que de las 571 residencias que hay en la Comunidad, solo son 130 de titularidad pública creadas por ayuntamientos y diputaciones, quienes finalmente en su mayoría destinan su gestión a una empresa privada.

La estimación de UGT es que apenas existe una quincena de residencias en Castilla y León de propiedad, gestión y trabajadores públicos.

Pérez ha manifestado que al sector han llegado fondos de inversión e incluso "fondos buitre" con el beneplácito de la administración autonómica, con el objetivo de hacer negocio "a base de explotar tanto al usuario como al trabajador".

En este sentido, la secretaria del sector Socio-Sanitario de UGTCyL, Fonsi Bonafonte, ha hablado de "maltrato" a los usuarios en cuanto al servicio que reciben, pues ha detallado que la ratio de trabajadores por usuarios, que por ley es de 0,202, no es suficiente al hacer la "trampa" de añadir en ese dato a empleados como los jardineros.

"La cooperación con la empresa privada ha obligado a bajar los ratios", ha asegurado Bonafonte, quien ha lamentado que el dato real se reduce en ocasiones al 0,15, pues el ratio obvia las bajas laborales, las vacaciones y que las jornadas son de 8 horas.

Además, ha criticado a la Junta porque no se tiene en cuenta el "impacto de género" a pesar de ser las mujeres el 97 por ciento de los trabajadores.

En el aspecto laboral, la responsable regional de residencias de UGTCyL, Marta Martínez, ha denunciado cargas de trabajo "excesivas", el "sufrimiento" de la plantilla y, por tanto, la "mala calidad" del servicio a causa del "mal trabajo".

Martínez ha hecho hincapié en la siniestralidad, y ha indicado que el 8,57 por ciento de los 13.870 accidentes laborales a nivel nacional ocurrieron en Castilla y León, que cuenta con un índice de incidencia de 5.402 trabajadores por cada 100.000, "el doble de la incidencia observada en el conjunto del sector Servicios".

"El sector Residencias es uno de los que más siniestralidad tiene", ha ahondado, y ha detallado que el 30 por ciento de las empresas en las que hubo accidentes laborales en 2018 carece a día de hoy de evaluación de riesgos.

Las trabajadoras consumen psicofármacos "de manera habitual", con episodios de ansiedad y "en muchas ocasiones sin ir al médico" y automedicándose.

Los sindicalistas también han criticado los precios que alcanzan los 1.900 euros mensuales de media por paciente en la privada, lo que genera listas de espera "de más de un año" en las residencias públicas por ser más asequibles para los usuarios.

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