Once cuestiones del Partido Castellano para el debate territorial en el Congreso
El Partido Castellano (PCAS) ha llegado a un acuerdo con la formación valencianista Compromís para trasladar ante la Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados la realidad de Castilla y sus planteamientos ante la reforma del modelo territorial español y ante una eventual modificación de la Constitución Española.
El PSOE denuncia la apuesta de Educación por la FP en centros privados
ASAJA pide fortalecer los controles para evitar que se inunde mercado con corderos importados
Desde el PCAS se considera imprescindible que el debate territorial articulado en el Congreso de los Diputados para los próximos meses incluya al menos las siguientes cuestiones:
· Garantizar la igualdad real entre todos los españoles en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos (salud, educación, infraestructuras, servicios sociales, etc…) con independencia de la comunidad donde residan o su pertenencia al ámbito rural o urbano, para lo cual es imprescindible la definición de un catálogo de servicios públicos y de un coste para su prestación que refleje cada realidad territorial y social.
· Establecer un modelo territorial que garantice la igualdad entre todas las Comunidades Autónomas, respetando las particularidades de cada territorio, pero rechazando el modelo vigente de “comunidades de primera y de segunda”.
· Definir y habilitar ámbitos de debate multilateral para la resolución de conflictos entre Comunidades y el Estado, evitando los pactos bilaterales (Estado-Comunidad Autónoma), oscuros y carentes de transparencia, mantenedores de agravios y privilegios como el reciente acuerdo entre PP, PSOE y Podemos, con el Gobierno Vasco, sobre el Cupo Vasco.
· Habilitar un Listado claro de competencias y su adscripción a un determinado nivel administrativo (Estado, Comunidad Autónoma, Municipios, Comarcas y Provincias) evitando duplicidades, invasiones competenciales y despilfarro del dinero público.
· Abordar la Financiación Autonómica y la Financiación Local, dotando de un marco de seguridad jurídica, de suficiencia económica, de corresponsabilidad fiscal y de garantías democráticas a sus procesos de acuerdo y revisión.
· Abordar de forma clara y transparente la imprescindible Solidaridad Interterritorial en el conjunto del Estado que supere situaciones tercermundistas como las actuales, en que la renta del País Vasco por habitante sea el doble que la de Extremadura, por ejemplo.
· Incluir los Intercambios Económicos no financieros entre Comunidades en los acuerdos de financiación, pues su exclusión supone un continuo empobrecimiento de territorios destinados por las políticas del Estado a ser meros exportadores de materias primas sin transformar, ahorro, mano de obra, energía, agua, etc..
· Convertir el Senado, actual cementerio de elefantes de los grandes partidos, un parlamento sin contenidos, en una auténtica Cámara Territorial, con presencia de los gobiernos autonómicos, que dote de proyección social, mediática y política a la articulación en Comunidades del Estado y que asuma competencias y decisiones en materia territorial.
· Incluir en el nuevo modelo territorial español la realidad de nuevas formas de ordenación del territorio inferior a las provincias pero superior a los municipios, como las Comarcas y las Áreas Metropolitanas. Así mismo abordar la realidad de las Entidades Locales Menores clarificando su funcionamiento democrático, su ámbito competencial y su sistema de financiación.
· Suavizar los desequilibrios de transferencias económicas entre territorios y comunidades, existiendo comunidades como Navarra y País Vasco, de la máxima renta y nula contribución a la solidaridad interterritorial, y otras como Madrid que aporta más de 19.000 millones de euros a esta solidaridad (el 60% del total a pesar de representar solo el 14% de la población española)
· Incluir la Despoblación como un elemento clave en la articulación territorial española y en su financiación, y diseñar una política de Estado para frenar la despoblación el envejecimiento de la mayor parte de las comarcas del interior peninsular (especialmente en Aragón y Castilla).
