Los castellanistas quieren una empresa pública de energía
El Partido Castellano Tierra Comunera (PCAS-TC), se ha dirigido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, exigiendo que se transfieran a Castilla y León las infraestructuras energéticas existentes en este territorio al objeto de formalizar una empresa pública de Energía de la Comunidad, como vector de desarrollo.
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Esta empresa pública serviría, a su juicio, para abaratar el precio de la electricidad para los usuarios y las empresas y evitar el expolio económico que supone que las energéticas hasta ahora responsables sean ajenas a esta comunidad y para pilotar una Transición Energética justa que apoye la Repoblación Rural, el desarrollo equilibrado y social del territorio y una gestión ecológica, sostenible y social de los nuevos proyectos eólicos y fotovoltáicos.
Los castellanistas, que han incluido esta medida en su programa electoral para las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de Febrero de 2022, han considerado imprescindible -como exigen a Teresa Ribera- poner coto al saqueo que las grandes compañías eléctricas (todas con sede fuera del territorio de Castilla y León) hacen de los recursos públicos, de las infraestructuras hidráulicas, de las redes de distribución de electricidad y de los beneficios obtenidos en territorio de Castilla y León, el máximo exportador de energía eléctrica de todo el Estado.
Así, el PCAS-TC ha reclamado que reviertan al sector público todos los aprovechamientos hidráulicos que van a vencer en la próxima década. Los castellanistas recuerdan que la cuenca del Duero es el sistema hidroeléctrico más potente de España, con 162 aprovechamientos hidroeléctricos en explotación, una potencia instalada de 3.868 MW y una producción anual de 7.228 GWh/año, el 21 por ciento de la aportación estatal.
Una treintena de estos aprovechamientos vencen en los próximos 10 años, la mayoría propiedad de Iberdrola, los cuales defienden desde la formación comunera que se integren en una Empresa Pública de la Energía de Castilla y León, así como los incrementos de potencia energética instalada que prevé el Plan de Actuación 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del Duero, coherentes con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Además ha estimado que además de la reversión de las centrales hidroeléctricas cuya concesión está próxima a caducar, la nueva empresa pública de la Energía de Castilla y León incorporaría nuevos activos basados en aprovechamientos de tecnologías renovables (hidroeléctrica reversible, solar fotovoltaica, eólica y termosolar).
La formación castellanista ha reclamado que el actor básico para el desarrollo y gestión de las infraestructuras de producción eléctrica en Castilla y León debe ser la Empresa Pública que proponen, que actuando con criterios sociales pude frenar el espeluznante incremento del precio de la electricidad, así como ordenar la proliferación antiecológica de enormes megaparques solares y eólicos, que invaden todo el territorio rural guiados exclusivamente por la codicia voraz de las empresas privadas.
Para ello desde el PCAS-TC han propuesto que al menos el 50 por ciento de las nuevas instalaciones pertenezcan al nuevo sector público energético de Castilla y León.
Los castellanistas pretenden explicar a la ciudadanía de Castilla y León que esta es una ocasión única para labrar un futuro más optimista para Castilla y León, una comunidad que lleva produciendo en las últimas décadas entre el 10 y el 25 por ciento de la electricidad generada en España, con consumos del orden del 5 por ciento, y que puede aprovechar la creación de una empresa pública de la Energía en Castilla y León para ordenar el nuevo modelo energético, para que sea más social, más ecológico y más útil para los objetivos de desarrollo económico de esta comunidad, máxime cuando los precios de la luz escalan cifras cercanas a los 400€/MWh.
Los castellanistas han exigido al mismo tiempo la creación de un Fondo Eléctrico para el Desarrollo Rural, como compensación a décadas de expolio de la producción eléctrica de Castilla y León (puede estimarse en 15.000 millones de euros al año en las últimas 5 décadas), y que se ha dedicado a favorecer el crecimiento industrial y urbano de territorios como País Vasco y Cataluña.
Este fondo de “compensación por décadas de saqueo eléctrico” se destinaría principalmente a la reducción del “recibo de la luz” del 50 por ciento para la población y las empresas residentes o que se implanten en las comarcas de Castilla y León con densidad de población inferior a 15 habitantes por kilómetro cuadrado, así como a proyectos de repoblación rural sostenible ambiental, social y económicam
