Los abogados temen desigualdades en acceso a Justicia en el medio rural con implantación de Ley de Eficiencia
El Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) ha acogido este viernes la última reunión del Pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) del curso, que sirve para hacer balance del año judicial. Un espacio de trabajo marcado esta vez por la situación de la Justicia en el medio rural después de que el pasado 1 de julio se constituyeran los tribunales de Instancia y las oficinas municipales de Justicia, creados en el marco de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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Los abogados temen que la implantación de estas últimas, dependientes de los ayuntamientos, provoque desigualdades en el medio rural por la menor especialización de los funcionarios municipales y la falta de medios materiales.
Una diferencia agravada además por la obligatoriedad de acudir previamente a medios de solución de controversias como la mediación o la conciliación antes de iniciar algunos procesos, algo que, aunque se aplica también en las capitales, resulta más complicado en zonas rurales.
El encuentro de este viernes ha estado centrado además por la entrega de la Gran Cruz al Mérito del CACYL a Julio Sanz Orejudo, quien se ha situado los últimos ocho años al frente del CACYL y que ha sido impulsor de la Comisión Mixta con el TSJCyL y de la unión entre los nueve colegios.
La reciente Ley de Eficiencia ha reestructurado los organismos judiciales por completo, y en las zonas rurales ha creado dos nuevos órganos: los Tribunales de Instancia que sustituyen a los juzgados de Primera Instancia y las Oficinas Municipales de Justicia que relevan a los juzgados de paz.
En Castilla y León, esta reestructuración ha afectado a 32 partidos judiciales fuera de las capitales de provincia.
“Nos preocupa la aplicación de una ley que, en la práctica, hace que el acceso a la Justicia sea más complicado para el ciudadano del mundo rural que para el que reside en la capital”, ha destacado el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes.
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha traído también la obligatoriedad, desde abril, de acudir a los llamados MASC -siglas de Medios Adecuados de Solución de Controversias, es decir, métodos alternativos al juicio como la mediación, la conciliación o el arbitraje- antes de iniciar un procedimiento civil, familia o mercantil.
Desde el CACYL han subrayado, sin embargo, la escasa previsión sobre cómo y dónde realizar este requisito, más en zonas rurales.
“Ahí tenemos una vía de una oportunidad para las oficinas de municipales de Justicia, pero hace falta que el Ministerio lo dote presupuestariamente, que coordine y que haga un extenso trabajo de formación, para proveer a esas oficinas de todas las funciones que prevé la ley”, ha señalado la presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACYL, Mónica Pérez Villegas.
La aplicación de las novedades legislativas se une a la problemática habitual de las sedes judiciales rurales, como la carencia de medios materiales, la elevada interinidad o la falta de presencialidad de algunos operadores esenciales como el Ministerio Fiscal, forenses o equipos psicosociales, que siguen requiriendo en muchos casos un traslado a la capital de provincia.
A ello se añade un envejecimiento de la población que también se traslada a los profesionales de la abogacía que ejercen en zonas rurales y que observan una falta de relevo generacional.
Los consejeros reunidos en el Pleno han analizado el último informe del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural, el organismo del CACYL nacido el año pasado al calor del congreso sobre Abogacía y Patrimonio de Cervera de Pisuerga y que ha recopilado datos sobre la situación de la abogacía en el territorio.
El grupo trabaja también en la creación de una red de abogados rurales para canalizar quejas e inquietudes, pero también para tejer una red de apoyo y dar visibilidad a este colectivo.
Los miembros de la institución regional han debatido este viernes sobre los próximos pasos a seguir, entre los que se prevé estrechar la colaboración con las entidades locales e instituciones provinciales con el objetivo de equiparar el acceso a la Justicia en todos los puntos del territorio.
