La operación "Enredadera" salpica a políticos y empresarios de la región
La Policía Nacional ha detenido hoy a 39 personas —entre ellas 16 alcaldes y concejales y nueve policías locales— y ha comunicado la condición de investigados a más de 70 personas por su presunta implicación en una trama de corrupción en 44 Ayuntamientos. La operación ha desmantelado una red que adjudicó irregularmente decenas de contratos para el control y la gestión del tráfico. Entre los arrestados está el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel y el presidente de la asociación de jefes de policías locales.
La operación "Enredadera" lleva a prisión al empresario Ulibarri
CSIF denuncia la pérdida histórica de empleo en educación
La investigación arrancó en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Entonces, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía halló indicios del supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de tráfico. Las pesquisas posteriores, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, extendieron la investigación a toda España, La Operación Enredadera, con 580 policías, ha desmantelado esa red. Solo en Madrid este martes fueron registrados los Ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones. La policía también entró en los consistorios de Oviedo, Huesca, Teruel, Illescas (Toledo), Lérida, Mollet del Vallés y Tiana (ambos en Barcelona) además de en Plasencia (Cáceres), Palencia, Vélez-Málaga, Astorga y las localidades leonesas de San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre. Los agentes realizaron requerimientos de información a la Diputación de Alicante y a los Ayuntamientos de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, O’Grove, Logroño, San Vicent del Raspeig y Vitoria.
La Policía llevó a cabo 92 registros, en 31 despachos profesionales, 24 domicilios y 12 empresas.
Una de estas es Aplicaciones Gespol S.L., filial de la constructora Sacyr. Esta mercantil, con sede en Barcelona, era la proveedora de un software para policías locales que centra parte de las sospechas.
Sacyr anunció este martes la apertura de una investigación interna y cifró en 1,5 millones el dinero de los contratos obtenidos a través de Gespol en el último año.
Un empresario de Gürtel
De los 39 detenidos —tienen previsto llegar a 44—, 13 lo fueron en Badalona y cinco en Astorga (León).
Además de 16 alcaldes y concejales, figuran nueve jefes de policías locales (uno jubilado), tres técnicos municipales y 11 empresarios.
Uno de los principales detenidos es el constructor y empresario José Luis Ulibarri, dueño de varios periódicos en Castilla y León y de parte de la televisión autonómica, imputado en el caso Gürtel y al que fuentes de la investigación adjudican el papel de “conseguidor” de la trama.
Entre los cargos públicos detenidos —hay del PP, PSOE y Ciudadanos— se encuentra el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, ambos del partido de Albert Rivera.
Al igual que el portavoz del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), Juan Carlos Fernández.
Todos los partidos políticos han manifestado su intención de aplicar el código ético interno contra la corrupción a los investigados.
Destaca también la detención del presidente de la Asociación de jefes de la Policía Local (Unijepol) y jefe de los municipales en Fuenlabrada, José Francisco Cano. Le detuvieron en Almería, de vacaciones, y el ayuntamiento le suspendió de empleo y sueldo y le ha abierto un expediente.
Según la investigación, la trama operaba desde hace ocho años con la connivencia de cargos públicos y mandos policiales. Estos conseguían que sus ayuntamientos compraran material y programas informáticos de seguridad vial a precios hinchados, además de lograr la adjudicación de la gestión de las multas.
Para eludir la concurrencia de otras empresas, fraccionaban las cantidades para tramitar los contratos como menores o negociados sin publicidad. También manipulaban los datos de siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a políticos y policías locales.
La Fiscalía Anticorrupción ve en estos hechos posibles delitos de prevaricación, fraude, revelación de información, malversación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, alteración del precio de concurso público y organización criminal.
