Izquierdo pide combatir el discurso del odio
En el transcurso de una reunión telemática con entidades sociales de Castilla, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, les ha pedido ayuda para combatir el discurso del odio y transmitir el mensaje de la necesidad de dar una respuesta colectiva y solidaria, no sectorial, al COVID-19.
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Izquierdo ha afirmado que, si bien el comportamiento de la mayoría social está siendo ejemplar, preocupa enormemente al Gobierno, -en la línea de lo que también detectan estas entidades del Tercer Sector-, un discurso del odio que tiene importante eco en las redes sociales y en algunas declaraciones públicas, que pretende estigmatizar a determinados colectivos.
En este sentido, ha incidido en el mismo aspecto en el encuentro la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano, denunciando ese relato de odio, bulos, antigitanismo, y difusión de mensajes xenófobos, racistas o discriminatorios frente a los que, “hoy más que nunca”, ha dicho, “es necesario recordar que este virus afecta por igual, independientemente de etnias o circunstancias personales, y que “ningún grupo humano debería convertirse en el chivo expiatorio de la propagación”.
Al respecto, el delegado ha señalado que, afortunadamente, los comportamientos insolidarios son excepcionales, pero insistió en que la respuesta a este virus “debe ser colectiva, y no sectorial, para atajar el daño social”, y pidió a estas entidades que traten de “trasladar el mensaje de que es necesaria una respuesta solidaria y comunitaria, colectiva, y no sectorial, un esfuerzo titánico de toda la sociedad en su conjunto”.
Brecha digital en la educación
Izquierdo ha agradecido reiteradamente a todos los participantes en el encuentro su labor en esta crisis, que llega, como ocurre habitualmente, a donde no llegan las administraciones públicas.
En ese sentido, el delegado del Gobierno ha destacado especialmente la implicación de estas organizaciones en el apoyo a los mayores aislados sin apoyo familiar, a enfermos crónicos a quienes es necesario hacer llegar sus tratamientos médicos, a las mujeres víctimas de violencia que están confinadas con sus maltratadores, a los colectivos en exclusión social, como inmigrantes irregulares o personas sin hogar, y también a los niños y niñas que durante estas semanas de confinamiento no tienen los mismos recursos que otros para acceder a la enseñanza online, a quienes están ayudando a conectarse, incluso facilitando tablets.
“Si uno de los elementos que más garantiza la equidad en la sociedad es la educación”, ha apuntado, “no podemos permitir la brecha digital, porque estamos viendo que no todos los centros educativos están igual de preparados para dar formación online a los niños estos días, y no todas las familias tienen los recursos económicos ni capacidades para que los niños continúen con su aprendizaje en estos momentos. Este es un tema que tenemos que resolver, porque nuestro sistema educativo tiene que incluir a todos, y la tecnología no puede estar sólo al alcance de algunos”.
Medidas más sociales
El delegado del Gobierno ha repasado con los representantes de las entidades las medidas aprobadas por el Ejecutivo dirigidas a los colectivos sociales más desfavorecidos, que se encuentran en situaciones de mayor desprotección que quienes no estaban en situación de riesgo de exclusión social.
Además de los fondos destinados a gasto sanitario, equipos de protección e investigación en busca de vacunas o terapias (30 millones de euros en este último concepto), Izquierdo ha recordado las medidas para que las familias sufran menos los efectos de la crisis: moratoria hipotecaria y de alquileres, aplazamiento de deudas, del pago de suministros, etc.
“El objetivo último”, ha asegurado, “es que la economía pueda reflotar lo antes posible y se recupere el empleo para que las dificultades sociales disminuyan cuando la crisis sanitaria se controle, pero mientras tanto, intentamos contener el daño social con la aprobación de 17,6 millones que llegan a Castilla y León en concepto de Fondo Social Extraordinario para reforzar la ayuda a domicilio, teleasistencia y otras políticas que llevan a cabo comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; y otros 1,7 millones de Fondo alimentario que pretende suplir el cierre de los comedores escolares para los niños que tenían becas de alimentación”.
A eso ha añadido las moratorias de ejecuciones de desahucios, incluso con sentencia judicial, hipotecaria para familias en situación de vulnerabilidad, en alquileres, -en algunos casos con quita de parte de deuda-, y la prestación por cese de actividad para autónomos, también aplicable a las cooperativas, que les garantiza un mínimo de ingresos, además de la descarga de cuotas a la Seguridad Social.
Todo ello tiene que ver con la protección social de la ciudadanía, a lo que se suma la colaboración con la Junta de Castilla y León en la el control de la situación de las residencias a través de la actuación del Ejército en desinfección de espacios, y colaboración también con los ayuntamientos para abordar el problema de las personas sin hogar.
