CSIF rechaza las medidas de Justicia para evitar colapso de tribunales
CSIF ha rechazado las medidas que ultima el Ministerio de Justicia para evitar el colapso de los tribunales tras el coronavirus porque son ineficientes y no van unidas a un plan negociado con las plantillas para su reincorporación presencial.
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Desde CSIF, sindicato mayoritario en Justicia, ha recordado en un comunicado al Ministerio y a las comunidades autónomas que la aplicación de las medidas del Real Decreto-ley que está ultimando debe ser negociada con las organizaciones sindicales.
El pasado jueves, el ministro Juan Carlos Campo, en una reunión telemática, "solo se limitó a exigirnos nuestra adhesión inquebrantable a su plan, pese a que ni siquiera nos lo facilitó por escrito", ha lamentado.
Estas medidas organizativas, tecnológicas y el plan de agilización que plantea Justicia deben ir en consonancia con un plan de desescalada que permita planificar la vuelta al trabajo segura y, en especial, la incorporación del personal sujeto a permisos de deber inexcusable (por cuidado de hijos y dependientes) o por estar dentro de los grupos de población más vulnerables al coronavirus.
CSIF ha presentado ayer lunes al Ministerio un escrito con observaciones y propuestas alternativas a este plan.
Antes de poner en marcha estas medidas, el Ministerio debe cumplir con la obligación establecida en el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, protegiendo la salud de todo el personal que se reincorpore.
No se puede plantear la vuelta a la actividad sin garantizar la salud laboral y, en una crisis de salud pública, con más razón.
Para ello, el Ministerio está obligado a presentar a los sindicatos un plan de reincorporación de personal que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
- Realización de test fiables a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo.
- Suministro estable y suficiente de medios de protección (en especial mascarillas) a todo el personal que se reincorpore.
- Instalación de mamparas en los puestos de trabajo, con especial atención a los de atención al público.
- Restricción absoluta de acceso a los edificios judiciales y control de permanencia en las sedes judiciales.
- Información actualizada puntual y, como mínimo, semanal, de la incidencia del virus en la Administración de Justicia.
- Activar los comités de seguridad y salud que han sido marginados en la toma de decisiones sobre salud laboral en toda la crisis por el coronavirus.
