CSIF exige actualizar compensaciones a los docentes itinerantes
CSIF ha remitido un escrito a la consejera de Educación, Rocío Lucas, demandando la necesaria actualización de la normativa de itinerancia y, por tanto, de las compensaciones económicas que se pagan por kilometraje y otros complementos, que han quedado completamente desfasados después de 17 años sin revisarse.
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Esta circunstancia supone una pérdida importante de poder adquisitivo para el docente afectado.
En Castilla y León, hay 2.283 plazas de docentes itinerantes, de las que 1.510 forman parte de plantillas estables y 904 corresponden a puestos temporales que pueden cambiar cada curso. Además, el 39% de los centros públicos tienen puestos de carácter singular itinerante.
Por ello, CSIF ha insistido en un comunicado en que es “improrrogable” actualizar la normativa completa de indemnizaciones económicas por trabajar poniendo a disposición el vehículo particular, que ofrece cuantías “irrisorias, indignas y vergonzosas” que no se han revisado desde hace 17 años y que, por tanto, “no se sostienen en la actualidad”.
CSIF ha exigido incrementar el cobro a 0,31 euros el kilómetro, porque el 0,23 que ha aprobado la Junta resulta “claramente insuficiente” para compensar el precio del combustible y el desgaste y mantenimiento que sufre y requiere el vehículo.
Asimismo, es urgente actualizar los tres factores (conocidos como A, B y C) que contemplan la norma educativa para docentes que ponen su vehículo a disposición de la administración.
Esos tres factores incluyen una cantidad mensual fija de 9,02 euros; un segundo complemento que va de los 10,22 euros (hasta 200 km. recorridos) y un máximo de 106,38 euros (cuando el desplazamiento supone hasta 1.200 kilómetros); y una tercera compensación para puestos itinerantes que realicen jornada de tarde con movilidades de 30 kilómetros o más.
Esa actualización de la compensación económica del kilometraje, a 0.31€, también se reclama a las gerencias de las universidades públicas de Castilla y León, por los desplazamientos que tiene que realizar el personal docente investigador y de administración y servicios del ámbito universitario, igualmente afectado.
