Castilla y León, con la sexta menor tasa de exclusión social

El 18,4 por ciento de la población de Castilla y León, alrededor de 446.000 personas, estaban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 121.000 menos que en 2016, con un descenso de 4,8 puntos porcentuales.

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Es un dato que refleja el octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que pone de manifiesto que por segundo año consecutivo aumenta el riesgo entre las mujeres hasta alcanzar el 22,2 por ciento, el valor más elevado desde 2008 y ya son 2,27 millones de mujeres empobrecidas, 470.000 más que hombres.

En España, 12.338.187 personas se encontraban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social (el 26,6 por ciento), lo que supone una disminución de 1,3 puntos respecto a 2016, si bien las que lo estaban han empeorado sus condiciones de vida y son aún más pobres.

Castilla y León tiene la sexta menor tasa AROPE, o tasa de exclusión social, que encabezaron en 2017, según el citado informe, Extremadura, con más del 44 por ciento y Canarias, con más del 40; con el 13,5 de Navarra, el 14,4 de La Rioja y 14,5 del País Vasco en el otro extremo.

El informe indica que en términos de renta la gran mayoría de las autonomías no han recuperado la renta media por persona que recibían en el 2009, salvo Galicia, Baleares, La Rioja y Castilla y León, que la han recuperado nominalmente.

El estudio indica que esas cuestiones configuran una España "dividida por una línea de este a oeste y a la altura de Madrid, en la que las comunidades al norte registran tasas muy bajas en indicadores de pobreza o exclusión", frente a las "extraordinariamente elevadas" de las situadas al sur.

El estudio "El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2017") destaca que aproximadamente 600.000 personas menos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión respecto a 2016 y en total son 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres.

El 81 por ciento de las personas empobrecidas es español (el 81 %), el 61 por ciento es adulto, el 56 por ciento tiene estudios medios, el 13,8 por ciento, estudios superiores y el 33 por ciento tiene trabajo, según el informe, presentado hoy en rueda de prensa, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora mañana.

En cuanto a la tasa de personas en pobreza severa es la segunda más alta registrada desde 2008, de hecho, se sitúa en el 6,9 % de la población, una cifra "coherente" con el incremento registrado en la brecha de pobreza que se ha elevado hasta el 32,4 %.

De esta forma, según el informe, hay menos personas en riesgo de pobreza "pero las que lo están han empeorado sus condiciones de vida", algo que para la EAPN es "preocupante".

Valoración

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha valorado los datos del octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

A través de un comunicado, la consejera ha destacado que la tasa de exclusión social y pobreza Arope fue "especialmente positiva" en Castilla y León, ya que se redujo en 2017 hasta 4,8 puntos porcentuales respecto a 2016, y pasó del 23,2 al 18,4 por ciento, lo que la situó como la comunidad en la que más descendió.

Además, García ha valorado que ese indicador Arope haya retrocedido en 2017 a mínimos históricos en Castilla y León, con ese 18,4 por ciento, que supone ocho puntos menos que el 26,6 nacional.

En cuanto a la tasa riesgo de pobreza, Castilla y León la redujo en 2,6 puntos del 17,7 al 15,4 por ciento, 6,2 puntos menos media nacional, ha analizado Alicia García.

La consejera ha destacado que entre 2008 y 2017 más de 131.000 personas salieran del riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad, lo que supone un descenso del 5 por ciento, frente a las 414.000 que entraron en ese periodo en el conjunto nacional.

En cuanto carencia material severa, Castilla y León es también la autonomía con menor tasa de hogares en esa situación con un 1 por ciento, la mitad del 2 por ciento del 2016.

Para García, se trata de un informe que acompaña la apuesta de la Comunidad con un proyecto de ley aprobado para reforzar la red de las familias afectadas por la crisis, compatibilizando y flexibilizando prestaciones para llegar a más personas.