Aportaciones de Izquierda Abierta al proyecto de memoria histórica
Izquierda Abierta de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, ha presentado aportaciones al proyecto de decreto de la memoria histórica y democrática de la Comunidad.
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La primera propuesta a la Consejería de Presidencia es que empiece por el principio “Condenando de forma explícita y clara el franquismo” en su exposición de motivos.
"Como cualquier otro terrorismo, si existe un apoyo institucional a las víctimas el primer paso es condenar sin reservas al verdugo. En Castilla y León se mantiene esta cuenta pendiente con las personas torturadas, reprimidas y asesinadas por la dictadura, de todo tipo y condición, y este Decreto es una oportunidad de pagarla", ha apuntado esta formación política.
También Izquierda Abierta echa de menos la voluntad política de dotar a la Comunidad de una Ley de Memoria Histórica que desarrolle la Estatal en Castilla y León.
Por este motivo ha propuesto que se incluya en el decreto otra disposición adicional que recoja expresamente que la vigencia del decreto durará hasta la aprobación de una Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. El plazo de redacción que han propuesto no debe superar los seis meses.
"Nos sorprende la escasa ambición del decreto, que prácticamente se limita a la exhumación de fosas comunes, cuestión que reconocemos y apoyamos, pero obvia la capacidad de la Junta para trasladar a los libros de texto de las nueve provincias el estudio de la represión franquista y la necesidad de conocer la realidad de lo que pasó en España y Castilla y León durante 40 años", ha apuntado.
Otra cuestión que ha planteado Izquierda Abierta es el papel que tiene que asumir la Junta a la hora de eliminar simbología incluída en el articulo 15 de la Ley de Memoria Histórica y que se obvia en el decreto: los yugos y flechas en las fachadas de muchas viviendas de protección oficial, por poner un ejemplo, que es competencia en materia de Urbanismo y Vivienda transferida a la Comunidad Autónoma.
"Más urgente es que la Junta asuma el papel de hacer cumplir la Ley a los propietarios privados, sean particulares o no, que incumplan la Ley. Se les debe aplicar el mismo procedimiento de “aviso” recogido por el Decreto para las entidades locales, así como aplicar la capacidad que da la Ley para retirarles las ayudas y subvenciones públicas en caso de incumplimiento. El caso de la Iglesia y muchos Obispados en Castilla y León es una cuestión que suele pasar desapercibida y que debe entrar de lleno en el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Castilla y León", ha reclamado.
Izquierda Abierta ha propuesto también añadir entre los objetivos del decreto la colaboración de la Junta de Castilla y León, sobre todo económica, con todos aquellos actos de reconocimiento y reparación parcial a las victimas que las asociaciones y las administraciones públicas puedan desarrollar en el futuro.
En este caso han pedido que el decreto recoja explícitamente a colectivos muy concretos que sufrieron represión y persecución además de por demócratas por razón de sexo, las mujeres, u orientación sexual.
Izquierda Abierta, entre otras cuestiones planteadas, ha estimado que no puede reducirse a la elaboración de un mapa de fosas en la comunidad y ha reclamado que su contenido debe ampliarse a la realización de un mapa de simbología franquista existente, y aún sin cumplir la Ley de Memoria Histórica, incluyendo la que puede afectar directamente competencias autonómicas, la creación de un registro autonómico de represaliadxs y un banco de ADN de familiares y de restos no identificados exhumados en la comunidad.
Por ello ha propuesto que las Universidades de la Comunidad acojan esta información y la pongan a disposición pública para el futuro, sea para identificar restos o facilitar estudios e investigaciones de cualquier tipo.
