Gobierno y Diputación, dispuestos a colaborar con CREDEF
El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha ofrecido al presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, la total colaboración del Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (CREDEF) que tiene como objetivo principal que las personas mayores y/o dependientes puedan permanecer en su entorno.
Nuevo concierto en ciclo de Piano Gerardo Diego
Covid 19: Sin fallecidos en hospital y con 16 nuevos casos
Así se lo ha hecho saber esta mañana en la visita girada a este centro del Gobierno de España, en el que el presidente de la Diputación ha estado acompañado por la diputada de Servicios Sociales, Eva Muñoz, y por la técnica de este departamento, Mercedes Alcalde.
Por su parte, Serrano también ha mostrado su total apoyo a los proyectos que se lleven a cabo en el CREDEF.
Este encuentro se enmarca en la serie de reuniones mantenidas en Soria el pasado mes de diciembre por el director general del IMSERSO, instituto del que depende el centro, Luis Barriga, con las instituciones y organismos sorianos con competencias en servicios soriales.
Según han explicado tanto Latorre como la directora del centro, Silvia Oliva, el CREDEF ya se está vinculando a proyectos innovadores a escala europea para la investigación y el diseño de modelos de atención en la proximidad de las personas tanto en entornos urbanos, como el de la capital soriana, que es una “ciudad amigable para las personas mayores”, como en entornos rurales.
Entronca con la Estrategia Nacional contra la Soledad no Deseada y también con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.
Además, el CREDEF tendrá capacidad para, siempre en el ámbito de los proyectos experimentales que se desarrollen y a pequeña escala, ofrecer apoyo a los servicios sociales de proximidad proporcionando atención integral a usuarios y servicios de apoyo y respiro para cuidadores y cuidadoras.
Se plantean ahora convenios con universidades e institutos de investigación a nivel nacional e internacional para implementar innovaciones en el campo de los cuidados y analizar los resultados obtenidos en términos de bienestar de las personas así y de sostenibilidad económica por los importantes retornos en términos de generación de empleo y de fijación de población en el territorio.
Latorre ha destacado que las competencias en materia asistencial directa para la autonomía personal y la atención a la dependencia son “obviamente de la red de servicios sociales de Castilla y León. En esa red -y más en este contexto geográfico- las entidades locales juegan el papel decisivo en el desarrollo y provisión de estos servicios de cercanía. Los centros de referencia estatal, como el de Soria, son y deben ser focos para la investigación y la innovación en las políticas sociales de atención a las personas. Deben estar orientados al intercambio de conocimientos y a la alta cualificación de profesionales”.
La Red de Centros de Referencia Estatales ya cuenta con otros centros especializados consolidados, algunos tan punteros como el CEAPAT, dedicado al diseño e I+D+I de ayudas técnicas para facilitar la autonomía de las personas; el CEADAC, centro puntero en la recuperación del daño cerebral; el CREA, dedicado a la atención al Alzheimer y otras demencias o el CREER dedicado a la atención a familias y pacientes con enfermedades raras.
Proyectos internacionales
En el diseño de sus primeros pasos, el CREDEF de Soria ya se involucró en dos prometedores proyectos de ámbito internacional.
Uno de ellos es el Proyecto InCare, liderado por el European Centre for social welfare policy and research, con sede en Viena, que trata del desarrollo de los cuidados de larga duración basados en la comunidad a través de enfoques participativos e integrados.
El otro es el proyecto RuralCare, cuyo socio principal es la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y que tratará de evaluar la factibilidad y el impacto de una atención social y sanitaria integrada en el hogar a escala rural. Se pretende demostrar que la nueva forma de intervención garantiza el acceso equitativo a los cuidados de larga duración haciéndolos más asequibles y sostenibles y proporciona otros beneficios a las áreas despobladas en términos de activación social y económica.
