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TRIBUNA / ¿Incompetencia o desvergüenza?

Ricardo Mínguez Izaguirre, doctor Ingeniero de Caminos y urbanista, incide en este artículo de opinión en la quinta planta del edificio de Los Pajaritos II. Su posible legalización en pleno esta semana revela la concepción que del urbanismo tiene el actual equipo socialista de gobierno, que quiere arreglar con una multa unas obras ilegales.Pide dimisión o cese del responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento.

TRIBUNA / ¿Incompetencia o desvergüenza?

¿Desidia o trato de favor?, se preguntaba la concejala de Ciudadanos al conocerse la intención del equipo de gobierno del Ayuntamiento de seguir adelante con la modificación del Plan General en Los Pajaritos II para legalizar lo ilegalizable.

 Impresentable, incompetencia, complicidad son las justificadísimas perlas que la concejala de Podemos lanzaba al mismo equipo de gobierno por tan singular hazaña urbanística.

 Tampoco ha permanecido impertérrito el PP en esta ocasión: incomprensible, dejadez, intencionalidad, dimisión del concejal de Urbanismo Luis Rey.

 Y es que se aproximan las elecciones y el PSOE quiere llegar a ellas con el armario vacío de cadáveres. Pajaritos II, Solar del Circo, Cerro de los Moros son tres piezas clave que han puesto en evidencia la nefasta política municipal en lo que al urbanismo de la ciudad se refiere. Han sido clarificadores los artículos aparecidos en la prensa sobre esos temas, puede hablarse de un clamor popular y político ante la sinrazón que gobierna nuestro urbanismo.

 Si quisiéramos resumir, a partir de lo publicado en las últimas semanas, los signos de identidad de la gestión municipal en tan crucial campo como es el urbanismo, podríamos destacar los siguientes:

  - Inexistencia de un modelo de ciudad moderno y respetable como referencia básica en toda la gestión urbanística. El crecimiento de la ciudad es lo contrario al concepto de lo urbano definido tanto por los expertos en urbanismo como por la propia legislación específica.

 - Absoluto desprecio e ignorancia del interés público en la toma de decisiones, derivado precisamente de esa falta de modelo de crecimiento y por la complacencia con las propuestas de los promotores privados, a costa, a veces, del abandono del patrimonio público.

 - Abandono de la obligación legal del Ayuntamiento de proteger como bien inviolable el patrimonio cultural y paisajístico de la ciudad, concentrando la inversión municipal en pequeñas actuaciones sin consenso o participación de la ciudadanía (desafortunados adoquinados, colección de miniesculturas repartidas sin ton ni son por los mejores espacios públicos, impresentables reparaciones de pavimentos singulares, etc. etc.).

- Puesta de los medios de la Administración a disposición de los promotores inmobiliarios para la mejor tramitación y encaje legal de sus propuestas, con total olvido de su prioritaria obligación de proteger el bien público frente a la especulación inmobiliaria, y de acomodar esas propuestas al más armónico crecimiento de la ciudad.

 - Absoluta falta de transparencia en la gestión y desarrollo de negociaciones secretas con los promotores ajenas  a las obligaciones y competencias municipales. El Consejo de Urbanismo es una auténtica broma: no se convoca para analizar y “aconsejar” sobre los proyectos o propuestas principales, y cuando se ha hecho lo ha sido para desvirtuar su papel de Consejo y confundir a la opinión pública.

 - Permanente recurso a las modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, propuestas por los promotores, para torcer en su beneficio (económico, claro está) las determinaciones del Plan. Se han tramitado más de treinta modificaciones del Plan desde su aprobación  en 2006 con la oposición del PSOE, que gobierna el Ayuntamiento desde 2007. Tiempo y oportunidades ha tenido este gobierno desde entonces para la redacción de un nuevo Plan General acorde a sus supuestos criterios políticos sobre el urbanismo a desarrollar. La experiencia muestra tanto la carencia de criterios propios diferentes de los que alumbraron el vigente Plan, como su acomodo permanente a los intereses económicos particulares.

 - Desconocimiento más o menos consciente de la legislación urbanística y medioambiental y burla de la misma para tramitar y aprobar propuestas de iniciativa privada contrarias al bien público y orientadas exclusivamente al beneficio económico particular.

- Inacción municipal en los asuntos que claramente exigen decisiones favorables al interés público y contrarias a los intereses de determinados promotores inmobiliarios. El caso del Cerro de los Moros habla, grita por sí solo.

 EL LLAMATIVO CASO DE PAJARITOS II.

Reúne prácticamente todos los ingredientes anteriores y añade auténticos tintes esperpénticos a la gestión municipal. Una obra fantasma ejecutada al margen de los más elementales principios de legalidad (construcción prácticamente  completa del edificio anterior a la aprobación del proyecto de ejecución, construcción de una planta más de las definidas en los proyectos básico y de ejecución, ignorancia consentida de lo anterior por los servicios y políticos municipales, intentos espurios de legalización mediante Estudios de Detalle y modificación puntual del Plan General-faltaría más, que diría Regino Páramo-). 

Y finalmente una coda insuperable de sucesivos despropósitos en boca del senador-concejal de Urbanismo: expediente sancionador, orden de demolición de la ilegal quinta planta, permuta de bienes en fase de negociación, nueva tramitación de la modificación puntual del Plan General para poder legalizar unas obras ilegales y con orden de demolición (¿pasará Soria a disputar al Algarrobico el liderazgo en aberraciones urbanísticas?) y, como remate, seguridad jurídica a los posibles compradores de viviendas construidas sin licencia.

¿Qué negociación entre amiguetes es esa en que una parte entrega su capital a la otra sin ninguna garantía de recibir la supuesta contraprestación acordada? ¿Acaso no recuerdan los ediles municipales el timo que fue el Convenio de 2004 sobre el Cerro de los Moros, en que la parte privada se llevó una aprobación del nuevo Plan General-con 42 millones de euros a la cartera- sin que el Ayuntamiento recibiera nada, NADA, de lo pactado? Por cierto, con una descarada reclamación económica al Ayuntamiento de quienes no cumplieron ninguno de sus compromisos, y con un Ayuntamiento estafado que, sorprendentemente, no ha iniciado ninguna acción legal contra los responsables del timo.

El senador-concejal Luis Rey debería leer el artículo de Saturio Hernández publicado en El Mirón de Soria el pasado día 16 de marzo. Quizás así alcanzara a distinguir las obligaciones municipales de las responsabilidades legales de un promotor privado que, a la vez que se hacía pública la orden de demolición, se permitía unas declaraciones asegurando a los compradores de las ilegales viviendas que todo se resolvería con una simple multa. Lo grave es que días después el senador-concejal de Urbanismo Luis Rey daba a entender idéntico desenlace del contencioso. Si realmente se aprobara inicialmente la modificación puntual del Plan General en el Pleno del lunes día 20, los sorianos nos preguntaríamos alarmados sobre quién gobierna en este Ayuntamiento, o, dicho de otro modo, sobre para quién gobierna este Ayuntamiento.

En resumen, Soria no se merece un castigo tan cruel como continuar viendo como concejal responsable del Urbanismo al actual senador-concejal Luis Rey. Una de dos, o dimite por un mínimo sentido de dignidad personal y de respeto a sus conciudadanos, o es destituido inmediatamente por el alcalde, antes del Pleno del lunes día 20, a la vez que retira del orden del día el punto referente a Pajaritos II y ordena a los servicios técnicos y jurídicos municipales su estricta aplicación a la restitución de la legalidad a las ilegales obras ya ejecutadas.

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre. Doctor Ingeniero de Caminos. Urbanista.

 

 

 

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