La Junta aprueba mayor acuerdo de simplificación administrativa de su historia
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado esta semana un conjunto de nuevas directrices en el ámbito de la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia, que supondrá un ahorro para los contribuyentes.
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Este Acuerdo ha sido impulsado gracias al proceso de diálogo con los representantes de la sociedad civil que esta Consejería de Presidencia ha venido desarrollando durante la segunda mitad de esta legislatura; en concreto, la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, CEOE, las Cámaras de Comercio, y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, entidades que han realizado valiosas propuestas generales y transversales de simplificación para la consecución de este Acuerdo.
La Junta de Castilla y León da un paso histórico en su compromiso con los ciudadanos al aprobar el mayor Acuerdo de simplificación administrativa de su historia, y sin ningún equivalente en volumen y amplitud en ninguna otra administración autonómica.
Con esta medida, que afecta a casi 300.000 expedientes y que beneficiará a más de 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales, se elimina burocracia innecesaria, se acelera la respuesta de la Administración, y se libera a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades.
El impacto económico es contundente: más de 24,6 millones de euros anuales estimados de ahorro directo para los ciudadanos de Castilla y León, fruto de la digitalización, la automatización, y la supresión de trámites duplicados o ineficaces.
Para llegar a esta estimación, se ha utilizado la valoración establecida en el Modelo de Coste Estándar (MCE) diseñado por la Comisión Europea, que tiene en cuenta el coste económico de hasta 18 trámites distintos, como la presentación de solicitudes, la realización de auditorías, o el pago de tasas a través de entidades bancarias.
Por tanto, este Acuerdo no solo moderniza la Administración, sino que refuerza a la Junta como una verdadera aliada del desarrollo económico y social de Castilla y León.
Además, se estima que este paquete de medidas conlleve un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la propia Administración autonómica, y de más de 66.000 euros para las entidades locales.
Por otro lado, la Junta cumple con el mandato aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 27 de marzo, en el que se instaba a esta Administración a aprobar, a lo largo de este año, un nuevo Acuerdo como este, dirigido a simplificar y reducir la burocracia, para fomentar la actividad económica y la seguridad jurídica, y para avanzar hacia una gestión más ágil, eficiente y orientada a las necesidades tanto de los ciudadanos como de las empresas.
54 medidas de simplificación
El Acuerdo establece un total de 54 medidas ejecutivas que involucran a las 10 consejerías de la Junta de Castilla y León. Estas medidas, que tendrán un coste de implantación de unos 590.000 euros, se dividen en 2 categorías: las que requieren la aprobación de normas, y las que requieren actuaciones de carácter organizativo.
En el primer grupo, el Acuerdo recoge 40 medidas que tendrán que articularse a través de la aprobación de Decretos, Acuerdos, Órdenes o Resoluciones. Dentro de este grupo de medidas, por ejemplo, se encuentra prevista la aprobación de un nuevo Decreto de la Consejería de la Presidencia para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad, con el objetivo de unificar la presentación electrónica de solicitudes.
Esta medida en concreto supondrá un ahorro estimado para los interesados de más de 934.000 euros al año, al eliminar los desplazamientos físicos, reducir los costes materiales, y evitar potenciales errores burocráticos que pudieran ocasionar la pérdida de convocatorias con la consiguiente pérdida de las tasas.
Otro ejemplo dentro de esta categoría es la exención, a través de Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, de las autorizaciones previa y de construcción a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas. En este caso, se estima un ahorro de 165.000 euros al año para los propietarios, que verán muy aligerado este procedimiento.
En cuanto al segundo grupo de medidas, de carácter organizativo, el Acuerdo recoge otras 14 directrices. Dentro de este otro conjunto de medidas, se puede destacar la elaboración, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de un modelo único para la presentación de los informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que previsiblemente supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales a los propietarios de las explotaciones. Este ahorro provendrá, por ejemplo, de la reducción de costes de contratación de consultoras para cumplir un trámite que hasta ahora podía ser técnica o jurídicamente complicado para muchos propietarios.
Por último, dentro de este conjunto de medidas organizativas, se puede destacar el desarrollo de una nueva aplicación para los expedientes de las Comisiones Territoriales de Patrimonio y de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, con criterios de actuación homogéneos que facilitarán la presentación digital de toda la documentación, y que supondrá un ahorro estimado de 308.000 euros a los interesados.
Las 54 medidas tendrán que ser ejecutadas desde ahora hasta finales de 2026, con 30 que se implantarán antes de que termine 2025, y 24 que se implantarán el año que viene. Una vez finalizado este plazo, la Junta evaluará el cumplimiento de todas ellas, e impulsará, en su caso, un nuevo paquete de medidas para seguir trabajando en esta dirección.
En definitiva, este Acuerdo no solo supone una mejora administrativa, sino una apuesta firme por una Castilla y León más ágil, más eficiente y preparada para afrontar los retos del futuro, con el convencimiento de que una Administración moderna no se mide por el número de normas, sino por su capacidad para hacer la vida más fácil a los ciudadanos a quienes sirve.
