La depuradora de Soria, entre las 24 de Castilla y León que no cumple con Europa
El Foro para la Ingeniería de Excelencia subraya la necesidad de invertir 5.000 millones en España para evitar sanciones europeas
La depuradora de Soria es una de las 24 de Castilla y León que no cumple la Directiva Europea y que pueden suponer sanciones de Bruselas, según el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las once principales ingenierías españolas, en el marco de la jornada “¿Cómo encauzar el problema del agua en España?”, celebrada hoy en Madrid.
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De hecho, nuestro país necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas en alrededor de 200 actuaciones de poblaciones que no cumplen con la Directiva Europea y que pueden suponer sanciones de Bruselas.
En Castilla y León, además de Soria, necesitan invertir en mejorar su depuración de agua Guijuelo, Iscar, León, Medina del Campo, Palencia, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca, Segovia, Tordesillas, Toro, Tudela de Duero, Valladolid, Venta de Baños, Zamora, La Bañeza y Cuéllar.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, la depuración de aguas residuales en Soria tiene una mayor exigencia al estar el Duero en una zona ambientalmente sensible.
"Las aglomeraciones urbanas que vierten sus aguas en una zona ambientalmente sensible, tienen que tener una depuradora que tenga un tratamiento terciario, una tercera fase de depuración, porque las características físico-químicas del agua que vierten tienen que ser muy parecidas a las del agua natural del río", ha explicado.
Argüello ha subrayado que en España hay muchos incumplimientos de vertidos de aguas depuradas en zonas sensibles, porque hay no hay tratamientos terciarios suficientes.
"Hay que modernizar las depuradoras o ampliarlas para meterlas esa tercera fase de tratamiento", ha subrayado.
Argüello ha confirmado que Bruselas ha abierto a España los expedientes para sancionarla por estos vertidos, aunque todavía no se hayan hecho efectivos.
Para el director general de FIDEX, el problema fundamental es conseguir los 5.000 millones de inversión necesaria para ajustarse a la normativa europea en España.
En este sentido ha apuntado la posibilidad de estudiar las concesiones a la empresa privada de la construcción y gestión de las depuradoras y el ciclo del agua, como sucede en Inglaterra.
Ránking
España ocupa en la actualidad el puesto 26 de entre los 28 miembros de la Unión Europea en inversión pública en depuración y saneamiento, con una inversión media de 6 euros por habitante, que debería al menos duplicarse para corregir los desequilibrios y cumplir con la normativa comunitaria en materia de calidad de aguas.
Además de infraestructuras, el agua en España tiene otra cuenta pendiente en la gestión. Y en este sentido nuestro país trabaja sobre un horizonte a 2027, pues para entonces, tal como señala Bruselas en su directiva marco, nuestro país debe haber corregido los desequilibrios hídricos en las cuencas.
Esa solución podría pasar por terminar con la sobreexplotación de los acuíferos sin necesidad de recurrir directamente a la construcción de grandes infraestructuras, no exentas de polémica, como presas o trasvases.
Otra posibilidad es la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, que ya tendría el primer paso andado, ya que os planes de cuencas están prácticamente aprobados en su totalidad.
Sin embargo, esta opción requiere de un consenso entre todas las partes, sobre todo las comunidades autónomas que en los últimos años, y amparadas en muchos casos por los Estatutos de Autonomía, se han erigido en ”propietarias” del agua que transcurre por sus territorios.
Si bien los planes de cuenca son los primeros planes de definición de inversiones e intervenciones, las grandes ingenierías consideran necesario que la Administración invierta en estudiar en profundidad la mejor solución para la gestión sostenible de los recursos con un enfoque holístico midiendo el coste/beneficio no sólo meramente económico, sino el social, ambiental, etc., lo cual supone anteponer el criterio técnico a las prioridades políticas.
Para FIDEX, España tiende a ser excesivamente conservadora en el planteamiento de nuevas infraestructuras y no sólo por falta de inversión pública sino también para evitar confrontaciones directas con Bruselas, que no está dispuesta a aceptar nuevos impactos sobre las masas de agua a no ser que estén exhaustivamente justificados.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “si bien quedan infraestructuras por hacer, el reto que plantea el agua en nuestro país, debido al desequilibrio entre cuencas y el cambio climático, requiere pensar en planificación y diseño no tanto en hormigón. Con un porcentaje muy pequeño de la inversión se podrían hacer mejores estudios y con mayor nivel de detalle que son los que sirven para tomar decisiones, cauce a cauce, pueblo a pueblo y cuenca a cuenca”.
El Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX) agrupa a las once principales y más internacionalizadas ingenierías de España, que emplean a más de 23.000 profesionales y facturan en conjunto más de 6.000 millones de euros al año, de los que el 95% procede de mercados exteriores.