Informes y trámites sobre el Cerro de los Moros
El informe jurídico sobre la reclamación por 2,8 millones de los anteriores propietarios del Cerro de los Moros aconseja su desestimación. El equipo socialista de Gobierno se decanta por la concentración de la edificabilidad en la zona de la Rumba y conseguir que el Cerro de los Moros sea propiedad municipal.
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El concejal de Urbanismo, Luis Rey, ha presidido esta mañana una nueva comisión del área con el asunto monográfico del Cerro de los Moros, en la que se ha presentado un informe jurídico que analiza directamente la reclamación de los propietarios iniciales de estos terrenos, antes de su venta en 2006 a los actuales titulares, e indirectamente también los efectos adversos que tendría para los intereses municipales la consideración de nulidad del convenio (2004) que suscribieron con el Consistorio entonces y que sigue en vigor actualmente.
Rey ha explicado que ésta es una arista más del proceso vinculado al Cerro de los Moros, heredado de la legislatura de 2004 (firma convenio) y 2006 (aprobación PGOU), y ha pedido “prudencia y cautela” en un asunto en el que “el Ayuntamiento siempre a va priorizar la protección del patrimonio natural de los sorianos y sorianas y también los derechos patrimoniales de futuras generaciones y corporaciones. Tenemos margen temporal para mejorar el proyecto entre todos”.
Antes de ahondar en cada eslabón de este complejo proceso, ha insistido en que todo el trabajo municipal se está encaminando en “conseguir la titularidad municipal del Cerro de los Moros, las laderas del Castillo y Márgenes dentro del sector. De esta forma, se podrá proteger y preservar un suelo que ahora es de propiedad privada. Todo ello, intentando hacer compatible los derechos de la propiedad en parte de ese sector comenzando por eliminar el vial para evitar el impacto. Queremos respetar el paisaje y la visual desde San Saturio y desde el Castillo y además, siendo de los vecinos y vecinas, podremos mejorarlo. Ahora mismo no podemos actuar en ese espacio”.
El concejal también ha insistido en que se celebrarán cuantas comisiones sean necesarias, reuniones y consejos para que se pueda disponer de toda la información.
“A partir de ahí, entre todos, podremos conseguir la mejor solución para la zona preservando el patrimonio natural pero también el económico. No podemos asumir una responsabilidad patrimonial de estas magnitudes con el dinero de todos”, ha añadido. La comisión de hoy se ha centrado en la reclamación, que se tendrá dictaminar, y el objetivo es seguir cerrando capítulos para avanzar en el sector.
Reclamación de primeros propietarios
El Ayuntamiento, por lo tanto, debe dictaminar sobre una reclamación de los firmantes del convenio del año 2004 rubricado por los propietarios de los terrenos y el Consistorio.
En este caso, reclaman una serie de derechos urbanísticos y en su defecto una cuantía que supera los 2,8 millones de euros.
De esta forma, se ha presentado un informe del letrado Aguirre Pardillos con el objeto de aclarar la situación jurídica antes de dictaminar en próximas comisiones la mencionada reclamación.
“La explicación ha sido bastante clara y se completará con la valoración de los servicios jurídicos municipales, aunque la conclusión del informe apunta a la desestimación de esta petición”, ha explicado el concejal.
Posibilidad de nulidad
Rey se ha referido a distintos asuntos que se han mencionado estas semanas y ha sido claro al explicar algunos como el referido a la nulidad del convenio que sólo perjudicaría a los intereses municipales.
“Es una opción claramente lesiva. Los dos puntos esenciales favorables para la propiedad que recogía ese convenio se han cumplido, pero, sin embargo, los que benefician al Ayuntamiento no. La propiedad tendría todo y el Ayuntamiento perdería hasta el camino que baja al río con esa nulidad”, ha explicado para zanjar con contundencia que “si hiciéramos esto estaríamos favoreciendo claramente a la propiedad y plantear esta alternativa es perjudicar al Ayuntamiento, entendemos, que por desconocimiento”.
El concejal ha recordado que el convenio establecía como derechos para el Ayuntamiento la posesión y una vez cumplido el convenio la propiedad del camino que une el cementerio hasta el río así como la cesión de 43.000 metros cuadrados que, posteriormente, se comprobó que no eran de los propietarios y sí de Renfe y, por último, que las cesiones al Ayuntamiento se ampliaran hasta el 20 por ciento por encima del habitual porcentaje del 10.
En el caso de la propiedad recogía mejorar la edificabilidad en el sector del Cerro de los Moros, algo que sí hizo en el PGOU de 2006, y también contemplaba y también se incluyó en el citado PGOU la recalificación de un suelo rústico en urbano no consolidado en un terreno de 6.000 metros cuadrados en la zona de Los Pajaritos.
Situación de la modificación puntual de los actuales propietarios
La modificación puntual en este sector es consecuencia del PGOU de 2006 y, por lo tanto, se debe ser escrupuloso con la legalidad y es independiente al convenio urbanístico previo del año 2004.
“Es cierto que aquel convenio hizo que algunos aspectos se incluyeran en el Plan, pero la realidad actual es que el Ayuntamiento tiene encima de la mesa una modificación que debe tramitar y más en este caso cuando el que la tramita hace uso de sus derechos urbanísticos”, ha recalcado.
También ha pedido cautela existiendo plazos por delante, un proceso de información pública, remisión de informes y herramientas para intervenir en la mejora de la propuesta.
Plazos y derechos indemnizatorios
Otro punto debatido estos días es el referido a la ‘caducidad’ de los derechos de los propietarios.
Rey ha explicado que pueden ser jurídicamente discutibles los plazos, aunque ha recordado que el informe de Secretaría General en este sentido es claro.
El concejal también ha trasladado que en la comisión de esta mañana se ha conocido que los actuales propietarios pagaron 44 millones de euros por los terrenos.
“No podemos dejar una herencia futura a este Ayuntamiento y corporaciones venideras. Se trata de una incertidumbre jurídica y económica de tremenda magnitud”, ha explicado el concejal de Urbanismo.
“El Ayuntamiento no puede arriesgarse con estas cifras ya que, además, existe un informe jurídico, que conocen los grupos, que recoge que no se puede aplicar la pérdida de derechos dentro del plazo de los ocho años porque se planteó una modificación en 2010 que cierra en 2014 y otra en el 2020”, ha indicado.
Permuta
La permuta es una herramienta urbanística válida, pero siempre contextualizando su utilización y conociendo las consecuencias patrimoniales para los intereses de los sorianos y sorianas.
Por ello, Rey ha querido contextualizar esta propuesta relativa al Sector 10, recientemente adquirido.
“El sector 10 permite unas 2.100 viviendas aproximadamente. El Ayuntamiento tiene una propiedad de algo más de 40 por ciento. Eso supone menos de 1.000 viviendas. Por lo tanto, para dar cabida a las 1.300 del actual propietario del Cerro de los Moros tendríamos que darle todo el suelo municipal del sector 10 y todos nuestros derechos en el resto de sectores”, ha resumido el concejal.
“Esta propuesta vuelve a beneficiar sobremanera al propietario que se encontraría con suelo en todas las zonas de la ciudad e, incluso, suelos ya preparados para pedir licencia”, ha manifestado para zanjar que “el Ayuntamiento se quedaría sin los derechos patrimoniales, económicos y de gestión de vivienda para los próximos 15-20 años. Es una barbaridad plantear una permuta en estos términos”.
