Los decomisos micológicos suman 3.150 kilógramos
Los decomisos micológicos realizados hasta el momento en la provincia de Soria suma 3.150 kilógramos.
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La Junta de Castilla y León continúa desarrollando, en coordinación con la Guardia Civil, el operativo de campo sobre el control de recolección y la comercialización ilegal del recurso micológico en la provincia de Soria, coincidiendo con el final de la campaña productiva.
Colaboran, además, los agentes de la Mancomunidad de los 150 pueblos y del Ayuntamiento de Covaleda.
Durante el pasado fin de semana, agentes medioambientales de la comarca de El Burgo de Osma, realizando servicio de vigilancia micológica, entre otros, interpusieron nueve denuncias y decomisaron 89 kilogramos de níscalos.
El sábado día 9 denunciaron a cinco personas por sobrepasar la cantidad autorizada en una zona de aprovechamiento esporádico (tres kilogramos por persona y día), decomisando 61 kilogramos de níscalos.
Ese mismo día, interpusieron otras dos denuncias por recolectar sin licencia, decomisando 27 kilogramos de níscalos.
Por último, el domingo día 10, dos fueron las personas denunciadas, en este caso por recolectar sin licencia, decomisando un kilogramo de níscalos.
Hasta el momento, y como resultado de los dispositivos informativos y de control puestos en marcha desde que se iniciase la producción micológica, se han decomisado un total de 3.510,20 kilogramos: 3.046,09 de Boletus edulis, 443,81 de níscalos y 20,30 kilogramos de otras especies.
Interpuestas 225 denuncias
Además, se han formulado 225 denuncias (149 por agentes y celadores de la Junta de Castilla y León y 76 por la Guardia Civil): 132 por recolectar sin autorización; 84 por exceder la cantidad autorizada de recolección; 6 por realizar transporte de producto (más de 10 kilogramos) sin acreditar; 2 por circulación por zonas prohibidas y 1 por acampada ilegal. A esto, hay que sumar el decomiso de 10 vehículos.
Recordamos que el objetivo de estos operativos es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no cumplan la normativa vigente, así como evitar malas prácticas recolectoras, que causan daños al monte, para hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo.
Estos dispositivos están mostrando a lo largo de los últimos años su eficacia y, además, evitan que haya pérdida de recursos micológicos en nuestros pueblos, ayudando a que no se perjudique el desarrollo rural.
Los agentes medioambientales centran su trabajo fundamentalmente en el control de la recolección de los montes, así como de las malas prácticas utilizadas para aprovechar el recurso micológico. La apertura de expedientes sancionadores por el incumplimiento de la normativa recolectora corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Una vez recogidas, y tras su oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, las setas se intentan posicionar en el mercado, teniendo en cuenta que es un producto perecedero, a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas. Los beneficios generados con la venta del producto decomisado se reintegran a los propietarios de los montes.
Superficie regulada en la provincia
En la provincia de Soria hay 70.968,16 hectáreas reguladas, distribuidas en 18 cotos micológicos, y 127.909,88 hectáreas como parque micológico; en total, 198.878 hectáreas reguladas en la provincia, que sitúa a Soria como líder de la región en cuanto a superficie regulada para los recursos micológicos.
También es importante recordar que es necesario asegurar la trazabilidad del producto en los puntos de compra y venta.
Para demostrar esta trazabilidad es obligatorio, según el propio Decreto regulador, que los responsables de estos lugares exijan a los vendedores los permisos de recolección que les identifique, pues deberán tener su propio registro para evitar que se produzcan aprovechamientos fraudulentos. En supuestos de infracciones por incumplimiento de esta normativa, la instrucción de los expedientes corresponde al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Guardia Civil.
