Cuando la ley se aleja de la moralidad política
La corrupción política es uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad española.
La asignación de contratos públicos a amigos es una práctica que, cuando se produce, ofende a los ciudadanos y que las administraciones públicas deberían cortar de raíz, con mayor transparencia, más dosis de ética y moralidad y menos hipocresía. Lo deberían saber los responsables políticos del Ayuntamiento de Soria, y sus principales partidos, que estos días rivalizan una vez más en acusaciones de amiguismo en la concesión de contratos, en un nuevo capítulo poco edificante. En política, deberían saber, que es tan importante hacer las cosas bien, como que lo parezcan. Cierto es que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) introduce, como novedad, la figura de los contratos menores, como medio de adaptar la contratación administrativa a la agilidad con la que han de ser atendidas determinadas necesidades y usos del mercado respecto a algunos bienes y servicios. Pero no lo es menos que esta posibilidad -limitada a contratos que no excedan de 30.050,61 euros- no debe ser un cheque en blanco para que el responsable político de turno favorezca a sus amigos en contrataciones a la que podrían optar otros empresarios. El sector público, en democracia, está obligado a ser ejemplar, a cumplir la ley a rajatabla y ajustar ésta a una mínima moralidad. De lo contrario, la confianza de los ciudadanos en la limpieza de lo público hace aguas, lo que al final incide en la propia credibilidad del sistema político. Es un riesgo que la clase política debería evitarnos a todos.
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