EL PLAN DE CONVERGENCIA ha llegado a Soria pero amenaza con dejarnos
como estábamos, merced al reparto consensuado por los dos principales
partidos políticos de la región, donde han primado la renta y la
evolución de la población en la última década, pero se han olvidado el
punto de partida -la situación real- de cada provincia
castellano-leonesa. Con dos tercios de los cien millones de euros repartidos de forma líneal entre las nueva provincias y los criterios aplicados, Soria necesitaría un siglo para acercarse a otros territorios más desarrollados de la región. La situación deja a las claras que por un lado marcha el discurso oficial de partidos y administraciones y por otro el reparto de las inversiones y compromisos. Si actualmente el 18 por ciento de la población española vive en el 85 por ciento de su territorio -Soria, incluida- hace falta mucho más que palabras para vertebrar de una vez España, y por ende, Castilla y León. Es, ciertamente, una cuestión de Estado, conseguir que las grandes áreas vacías del interior peninsular se acerquen a los parámetros de calidad en los servicios y la accesibilidad a las infraestructuras del que gozan las grandes urbes. En definitiva, lo que está en juego es un modelo territorial, donde las administraciones y los partidos políticos deben olvidarse de la rentabilidad que pueden sacar a los votos y cumplir con el mandato constitucional de igualdad de derechos -y obligaciones- que tienen los ciudadanos, residan donde residan. En este camino, el tamaño no debe ser lo que más importe. Más bien, todo lo contrario.
