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Ocho medidas para prevenir la violencia "vicaria"

Fundación Madrina sugiere 8 medidas de protección al menor para prevenir la violencia “vicaria” contra la infancia.

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Desde 2013, más de 40 menores han sido asesinados por sus progenitores para vengarse de sus parejas; y más de 100 han sufrido violencia en el hogar a manos de sus padres.

Los menores que sufren cada día estos comportamientos violentos, acaban replicándolos en el colegio, llegando a normalizar una situación de violencia, tanto en el rol de víctima, como de maltratador.

En todos los casos de menores en riesgo de violencia, únicamente existe protección y orden de alejamiento para la víctima y no para los menores, por lo que se encuentran en riesgo severo de sufrir violencia por parte del agresor.

El 43 por ciento de las mujeres maltratadas asistidas en la Fundación Madrina no abandona nunca a sus parejas violentas por falta de recursos, y un 32 por ciento alegan temor a que los Servicios Sociales o su agresor les quiten a los niños por no poder mantenerlos, declarándose en desamparo y vigilancia de por vida por Servicios Sociales.

Por otra parte, muchas mujeres madres que han seguido todo el protocolo y proceso de denuncia y sentencia por “violencia de género”, manifiestan su miedo y arrepentimiento de haberlo iniciado, ya que al finalizar los 3-6 meses de alojamiento tutelado que da la Administración, se encuentran totalmente abandonadas por la misma.

Se sienten solas, algunas de ellas están embarazadas y en muchos casos en situación de calle con los niños y sin ingresos.

Según el Observatorio de Violencia de Género, en España hay 471 menores en riesgo de convertirse en víctimas de violencia de al menos uno de sus padres o progenitores.  De todas estas menores víctimas, un 12% se encuentran en riesgo alto o extremo de violencia paternal, es decir, que ya han sufrido algún episodio violento o bien están seriamente amenazados.

La Justicia no atiende las denuncias por amenazas, y tan solo en los casos de violencia demostrada “con parte de lesiones”, está protegida la víctima, habiendo una desconexión total entre el rol de padre y de maltratador. Es por esto que ningún maltratador pierde la patria potestad de los hijos y siguen con visitas y acceso a los menores.

En ningún caso de sentencia firme por “violencia de género”, los padres han perdido la patria potestad, aunque puedan perder la custodia. Así, solo un 5% pierden la custodia compartida, es decir, los niños ya no conviven la mitad del tiempo con el padre maltratador no custodio.

Sólo en el 3% de los casos en los que hay sentencia firme por “violencia de género” se suspenden las visitas de los menores por parte de los padres maltratadores.

Fundación Madrina solicita contra la “violencia vicaria”:

  1. Que, en los juicios de violencia de género con sentencia firme, se valore el riesgo de los menores y se suspendan custodias y regímenes de visitas o bien se mantengan supervisión en un “punto de encuentro” tutelado.
  2. Considerar violencia el abandono de la pareja embarazada o con niños, dejar a la mujer embarazada o madre con menores a cargo en condiciones de máxima vulnerabilidad y de precariedad.
  3. Apoyo real y permanente a las mujeres víctimas de “violencia de género” y a sus hijos, para que puedan dar el paso definitivo de la denuncia.
  4. Facilitar vivienda social protegida y permanente, no temporal como hasta ahora, para estos menores y sus madres en riesgo, hasta normalizar su situación económica y de empleo.
  5. Pedir estudios periciales “psicosociales” de la mujer y los niños menores a su cargo, ante la primera alarma o sospecha de violencia infantil y, en consecuencia, que se apoye la autonomía familiar de la presunta víctima y de sus hijos de forma integral.
  6. Ningún maltratador con sentencia firme de víctima de violencia, debe tener acceso legal, ni la custodia, para con los niños en riesgo de violencia. Retirada de la custodia y de la patria potestad de los niños, si fuera necesario, a los maltratadores acusados por sentencia firme en casos de riesgo para los menores.
  7. Agravar las penas, incluida la prisión permanente revisable, para cualquier padre/madre que haya agredido gravemente a un menor, con pérdida de patria potestad.
  8. Proponer la figura de observador o “defensor del menor” en todos los centros escolares que estén capacitados para denunciar y dar la alarma en caso de sospechas fundadas de maltrato a los menores, especialmente para mujeres que no denuncian.
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