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Los sanitarios suspenden a políticos en gestión de la crisis

Una encuesta realizada por el Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) a 2.500 profesionales sanitarios evalúa la gestión de la COVID-19 y suspende a las administraciones sanitarias, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.

Los sanitarios suspenden a políticos en gestión de la crisis
El informe lleva por título “Los profesionales sanitarios frente a la COVID-19. La reforma necesaria del Sistema Nacional de Salud”, y recoge las experiencias, evaluaciones y propuestas de casi 2.500 profesionales sanitarios sobre la crisis del coronavirus en España.
 
La encuesta señala que el 31 por ciento de los profesionales no dispuso de equipos de protección adecuados cuando los necesitó y el 71 por ciento opina que no hubo recursos suficientes para identificar a los profesionales contagiados.

La tasa de contagio por COVID-19 entre los profesionales sanitarios estimada en esta encuesta es del 16,4 por ciento, llegando al 26 por ciento entre las enfermeras con atención directa a los pacientes.

Según los encuestados, lo que mejor funcionó durante la crisis fue la actuación de los profesionales sanitarios suspendiendo la actuación del Ministerio de Sanidad y las consejerías de las comuniades autónomas, con un 3,6 y un 4,3 sobre 10, respectivamente.

El estudio pone de manifiesto la necesidad de reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) con los siguientes criterios: mayor autonomía de gestión de los profesionales sanitarios; enfoque de la atención a la salud comunitaria; y mayor coordinación del SNS.

El informe resalta que la pandemia ha sido una prueba de estrés para el sistema sanitario y ha desvelado importantes problemas en su estructura y funcionamiento.

Este trabajo, “Los Profesionales Sanitarios Frente a la COVID-19. La reforma del Sistema Nacional de Salud”, se ha presentado junto a  Funcas (Fundación de Cajas de Ahorro) en un seminario web.

Falta de previsión y escasez de recursos

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto una gran falta de previsión, ausencia de recursos y una alta tasa de infección entre los profesionales sanitarios, sobretodo en enfermería.

El 86 por ciento de los profesionales sanitarios encuestados desconocía la existencia de un plan de contingencia contra pandemias en su centro sanitario.

El 31 por ciento de los profesionales no dispuso de equipos de protección suficientes cuando los necesitó.

Del 69 por ciento restante, más de la mitad (54%) lo dispuso posteriormente a las dos semanas después del comienzo del estado de alarma, el 14 de marzo.

El 71 por ciento de los profesionales que participaron en el cuestionario opinan que no hubo recursos suficientes para identificar a los profesionales contagiados por COVID-19.

La tasa de contagio por COVID-19 entre los profesionales sanitarios estimada en esta encuesta es del 16,4%, alcanzando el 26% entre las enfermeras con atención directa a paciente con COVID-19.

El 73 por ciento de los profesionales opina que faltaron recursos para el diagnóstico de la COVID-19 en pacientes sospechosos.

Organización de la asistencia y limitación del esfuerzo terapéutico

El estudio muestra una gran capacidad de adaptación de los centros sanitarios, quienes elaboraron protocolos para evitar el contagio de los profesionales (71%) así como para el manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 en colaboración con distintas unidades del centro (83%), aunque las medidas se tomaron ya avanzado el estado de alarma.

El  78 por ciento de los profesionales afirma que se crearon protocolos de derivación desde Atención Primaria o urgencias a otros centros (el 61 por ciento posteriormente a las primeras semanas de la alarma), pero la derivación no incluyó a la Sanidad privada en el 58 % de las respuestas.

Otro hecho destacable es que el 57  por ciento de los encuestados afirma que en sus centros de trabajo se establecieron criterios explícitos de limitar el esfuerzo terapéutico (no ventilación mecánica/cuidados intensivos) basados en la disponibilidad de recursos y las características del paciente (edad, comorbilidades, etc.).

En la mayor parte de los casos no se contó con el Comité de Ética del centro o se desconocía este hecho.

Por último, cabe destacar el impulso de la utilización de la telemedicina (82 % de respuestas) y el trabajo en equipos multidisciplinares (68 porciento).

Valoración de los distintos niveles de responsabilidad

Una de las cuestiones que ha alcanzado mayor unanimidad entre los encuestados es señalar que lo que mejor ha funcionado durante la crisis ha sido la actuación de los profesionales sanitarios y el trabajo en equipo, mientras señalaban a las Consejerías de Salud y al Ministerio de Sanidad como “lo que peor ha funcionado”.

La respuesta del servicio o unidad asistencial ha sido valorada con 6,1, las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas obtuvieron una valoración promedio de 4,3 puntos y el Ministerio de Sanidad de 3,6, en una escala de 1 a 10.

Además, los profesionales consideran que actuaron con retraso (86 % de respuestas en el caso de las Consejerías y 92 % refiriéndose al Ministerio de Sanidad).

Propuestas para el futuro

Las propuestas de los profesionales sanitarios en relación con la asistencia actual apuntan exactamente en el sentido contrario de la respuesta del sistema a la crisis: en lugar de una asistencia centrada en el hospital enfocarla a la salud pública y comunitaria.

Además, reclaman una reorganización de la asistencia para atender distintos grupos de pacientes y la realización de test a sospechosos de contagio para la detección precoz de infectados, entre otros aspectos.

Las conclusiones del informe están en la línea de trabajos previos de la Fundación IMAS y las sociedades científicas (como los informes “Los Retos del Sistema Nacional de Salud” y “El Hospital del Futuro”).

Es necesario despolitizar la gestión de los servicios sanitarios e incluir a los profesionales y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre política sanitaria, dar a los centros sanitarios y a los equipos multidisciplinares mayor autonomía de gestión, potenciar la gestión por procesos asistenciales, mejorar la coordinación en el Sistema Nacional de Salud y entre la atención primaria y el hospital, prestar atención a la salud comunitaria y basar las decisiones sobre política sanitaria en la evidencia científica (medición y evaluación de resultados).

 

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