El Gobierno impulsa los planes de pensiones de empleo
El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y está contemplada en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones.
El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo.
El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.
Escrivá ha detallado que la futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas.
El ministro ha indicado que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas. La futura norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.
Escrivá ha incidido en que la norma crea un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado.
Las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público, garantizando así la competencia y que las comisiones sean bajas. Además, el texto potencia la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y favorece que los acuerdos sectoriales se extiendan a todas las empresas del mismo ámbito.
Una plataforma digital, donde cada partícipe podrá consultar toda la información y realizar trámites, facilitará la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones.
El ministro también ha destacado que este producto tendrá una fiscalidad diferenciada, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y mucho más favorable que los planes individuales, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado.
La deducción en el IRPF puede elevarse a los 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500.
La suma de las aportaciones a distintos planes puede suponer para el partícipe una deducción de 10.000 euros.
El ministro ha avanzado que la norma presentada este martes podría estar aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022.