El Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2016 alcanza los 7.628 millones de euros
El 80 por ciento del presupuesto se destina a gasto social
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado esta mañana el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016, el primero de la IX Legislatura. Lo más relevante es que recoge una subida de los recursos a disposición de las consejerías. Se trata de 161,9 millones de euros más que en 2015, una cantidad del 2,17 por ciento superior, que eleva el montante para los nueve departamentos del Ejecutivo autonómico hasta los 7.628 millones, de los que el 80 por ciento se destina a gasto social.
La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se enmarca en un escenario de consolidación de la recuperación de la economía que hace posible ese incremento. Así, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 por ciento, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8 por cienteo y un aumento de la tasa de empleo del 2 por ciento.
Como es preceptivo, también respeta el restrictivo límite de déficit público del 0,3 por ciento, menos de la mitad del 0,7 por ciento permitido para 2015, o lo que es igual, el 57,1 por ciento inferior.
El documento se acomoda asimismo a la llamada regla de gasto y al límite de deuda asignado por el Gobierno de España a la Comunidad, que no hay que olvidar que es un exigente 18,6 por ciento respecto al PIB frente a la media del 22,5 por ciento.
CUENTAS REALISTAS
Con estos mimbres la Junta ha construido unas cuentas para 2016 que el presidente Herrera ha calificado como realistas, creíbles, responsables y por tanto contenidas, que se definen por su carácter social y son coherentes con las políticas prioritarias para el Gobierno de Castilla y León: la recuperación económica y el empleo de calidad, los grandes servicios públicos, el proyecto de Comunidad y la apuesta por el municipalismo. Por eso, se centran en la atención a los efectos de la crisis, que se reflejan especialmente en una tasa de paro que todavía es muy elevada.
Los Presupuestos suman un total de 9.843.699.243 euros, lo que supone una ligera reducción de 77,1 millones respecto a los que están en vigor, que equivale al 0,78 % menos. Esta bajada se explica por el descenso del 15 por ciento de las operaciones financieras, que se debe a que el Gobierno autonómico se ha visto obligado a limitar el endeudamiento ligado a las ayudas reembolsables a las empresas –caen el 87,9 por ciento– a raíz de un cambio de criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que este mismo año decidió que ese tipo de préstamos sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) computaran como deuda y así lo contabilizó con efectos retroactivos en 2014.
Precisamente el menor peso de las cargas financieras explica que el montante global de los Presupuestos para el año que viene disminuya y, al mismo tiempo, las consejerías puedan gestionar más recursos. De ahí que se pueda decir que la cifra más importante son los 8.909,9 millones de euros de techo de gasto no financiero para 2016, el 0,99 por ciento más que este ejercicio, que añaden casi 87,1 millones de mayor capacidad de maniobra a las arcas del Ejecutivo autonómico. Este montante ha crecido respecto al aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 23 de septiembre para incluir más transferencias del Estado y fondos europeos y ajustar ligeramente al alza los ingresos propios, circunstancias todas ellas contempladas en la normativa.
En todo caso, ese límite respeta los tres requisitos que fijan tanto la Ley Orgánica de Estabilidad, como la Ley de Estabilidad Autonómica: garantizar que se cumplen los objetivos de déficit y deuda y ser acorde a la regla de gasto, es decir, situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para 2016, establecida en el 1,8 por ciento.
NUEVO INSTRUMENTO FINANCIERO
La Junta ha destacado el hecho de que en 2016 se haya visto obligada a renunciar a los apoyos empresariales vía Presupuestos, que este año ascienden a 235 millones, no va a implicar una merma en el respaldo a las compañías comprometidas con la Comunidad que deseen desarrollar nuevos proyectos y crear o mantener empleo. Todo lo contrario. Si bien las consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura y Ganadería no van a disponer de ninguna cantidad del BEI en su capítulo 8, porque ello supondría incrementar el déficit en la misma medida, las empresas van a poder acceder a más del doble de recursos de ese banco europeo para que puedan hacer realidad sus ideas.
Será gracias a la nueva Lanzadera Financiera de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, que tendrá el objetivo de que ningún negocio viable se quede sin ver la luz por falta de recursos. Empezará a funcionar el 1 de enero de 2016 dentro de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), y contará con el concurso de todas las entidades financieras que operan en Castilla y León, con las que ya se está trabajando en el diseño del instrumento. En paralelo la Junta está negociando con el BEI que ponga a disposición de bancos, cajas y cooperativas de crédito 500 millones de euros para proporcionar liquidez a las empresas, cantidad que supera de largo los 235 millones previstos este año, con la ventaja añadida de que no computan a efectos del objetivo de deuda.
Como complemento de esto y con el fin de facilitar y simplificar al máximo las gestiones, la ADE se va a convertir en una ventanilla única de entrada de cualquier proyecto empresarial nuevo o ya consolidado. Para ello, se creará una división de financiación que estudiará cada caso y asesorará a la compañía o al emprendedor en cuanto a la estructura financiera óptima para su negocio, además de tutelarle durante todo el proceso y aportarle los fondos más idóneos, sea el capital riesgo, el capital semilla, las subvenciones a fondo perdido, los préstamos participativos u otros, sin descartar la concesión de avales de la Junta o Iberaval.
BAJADA DE IMPUESTOS
Por otra parte, de cara a 2016 el Gobierno de Castilla y León vuelve a apostar por bajar los tributos a todos los ciudadanos, de modo que vean compensados parte de los sacrificios que han hecho durante la crisis. Así, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias recién aprobado por el Consejo de Gobierno –que como es tradicional acompaña al de Presupuestos– profundiza en la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Conviene recordar que en los años más duros de la recesión la Junta lo mantuvo intacto, en vez de elevarlo para obtener ingresos. Y no solo eso, sino que en 2015, dado que los indicadores económicos eran más favorables, optó por reducirlo.
En esa misma política se insiste ahora, con una nueva disminución del gravamen del tramo inferior –para los primeros 12.450 euros– del 10 % al 9,5 % que, combinada con el ensanchamiento de las bases imponibles de los dos segmentos siguientes, beneficia proporcionalmente más a los que menos tienen y a las rentas medias.
A esto se añade la intención de suprimir por completo la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2016, lo que implica que los contribuyentes dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por cada litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por litro de fuelóleo.
El esfuerzo del Ejecutivo por proporcionar la máxima liquidez posible a los habitantes de la Comunidad se refleja asimismo en el mantenimiento de los 50 beneficios fiscales que están vigentes en la actualidad, que se estima que ahorrarán casi 260,5 millones de euros a más de 181.000 castellanos y leoneses. El grueso de esa cantidad tiene que ver con el apoyo a las familias con hijos, una de las grandes prioridades de las ventajas fiscales autonómicas junto a la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el fomento de la I+D+i y la conservación del patrimonio.
En relación con esto y con el propósito de que las ventajas fiscales autonómicas lleguen al mayor número posible de personas, se ha introducido una modificación en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias que redefine el concepto de núcleo rural a los efectos de aplicar las deducciones y tipos reducidos para jóvenes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. En concreto, se deja de considerar exclusivamente el municipio como referencia, lo que permitirá que se acojan a estos beneficios fiscales los habitantes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población.
El resultado de todas estas decisiones tributarias –bajada del IRPF, eliminación del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos y mantenimiento o ampliación de las ventajas tributarias– es que ciudadanos y empresas de Castila y León podrán disfrutar de más dinero en sus carteras, por un importe conjunto superior a los 350 millones de euros.
