UGT: las deficiencias persisten en regulación de residencias
UGT ha señalado este jueves que persisten las deficiencias en el decreto ley 2/2020, de 18 de junio, un nuevo intento de regular la atención en los centros residenciales de mayores y personas con discapacidad en Castilla y León, esta vez de forma extraordinaria.
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El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles, 24 de junio de 2020, al decreto ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, dirigidas a reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria por el sistema de servicios sociales.
Más allá de la normativa estatal extraordinaria motivada por la pandemia ante el extraordinario riesgo y la gravedad con la que ha impactado en las personas mayores, especialmente en las residenciadas, UGT Castilla y León ha estimado pertinente el diseño de una norma autonómica de naturaleza transitoria, como la presente, que regule de forma urgente, extensa, operativa y concreta, los nuevos escenarios de atención y cuidado en estos centros, al nivel de exigencia a que obliga la crisis sanitaria y sus consecuencias, de cara al futuro inmediato y en previsión de posibles rebrotes a corto plazo.
"Consideramos igualmente que una norma así no debe impedir, en ningún caso, el tránsito hacia un nuevo modelo de atención que supere las extraordinarias debilidades del actual, puestas de manifiesto por la COVID-19, pero no ajenas a este sindicato, que han motivado los constantes llamamientos a la Consejería mucho antes de la pandemia", ha apuntado en un comunicado.
Tras dos intentos de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de regular el funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de las personas mayores en Castilla y León, el Decreto 2/2016, de 4 de febrero, y el Decreto 14/2017, de 27 de julio, ambos nulos por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, las Cortes convalidaban el miércoles este nuevo Decreto Ley que, tras su análisis, UGT Castilla y León ha calificado como desafortunado.
"Primeramente porque supone perder la oportunidad de avanzar sólidamente en las bases fundamentales del nuevo modelo y la ocasión de empezar este camino en el marco de negociación y consenso del Diálogo Social. Esta Institución no debería quedar al margen de estos procesos, nunca lo había hecho hasta ahora", ha apuntado.
En segundo lugar, según UGT, el legislador vuelve a incurrir en los errores, deficiencias e inconcreciones, parte de los cuales motivaron las sentencias de nulidad por parte del TSJCyL y TS, y que restan, una vez más, valor, rigor y utilidad a la norma.
En su opinión, la norma deja excesivo contenido a la discrecionalidad y la libre interpretación, lo que supone un impacto realmente preocupante.
UGT Castilla y León ha destacado negativamente el plan de contingencia inconcreto e incompleto; la ausencia de coordinación socio-sanitaria a su entender absolutamente necesaria, no existen protocolos de actuación concretos y exhaustivos que aseguren una respuesta ágil y segura en caso de necesidad y urgencia; nada concreto y eficaz se establece sobre las ratios de personal o diversidad en recursos humanos necesarios y exigibles -especialmente los referentes al ámbito sanitario- adaptados a los perfiles de las personas residenciadas; nada concreto sobre espacios, tiempos, exposiciones, limitación de contactos ... , todos ellos factores de gran impacto en el contagio y propagación.
Las medidas en torno al personal, esto es formación, prevención y seguridad, entre otras, reguladas en el presente decreto Ley, se recogen igualmente con el mismo grado de imprecisión y discrecionalidad, sin tener en cuenta el marco legítimo de la negociación colectiva, que no aparece en todo el decreto-ley, pese a que gran parte de su contenido es materia que ha de tratarse expresamente en ese marco.
UGT Castilla y León ha recordado que los EPIS y demás medidas de protección y seguridad, tanto destinadas al personal de los centros, como a personas residentes y/o usuarias, familiares … , son responsabilidad de las empresas prestadoras, ellas están obligadas a cumplir con la legislación en esta materia y cubrir los costes necesarios y suficientes para garantizar estas exigencias sanitarias.
"Bajo ningún concepto estos costes deben repercutir sobre las personas usuarias, como ya está empezando a ocurrir en forma de pluses por medidas extraordinarias provocadas la COVID-19, en las facturas de las
personas residentes. Desde UGTCyL solicitamos, con carácter de urgencia, la convocatoria de la Mesa de Dependencia en el marco del Diálogo Social, para tratar las particularidades de esta nueva norma y principalmente para empezar a trabajar en el nuevo modelo de atención residencial de Casilla y León", ha concluido.
