IU pide a Procurador investigar abusos sexuales a menores
Izquierda Unida de Castilla y León solicitará ante el Procurador del Común que investigue la magnitud de los abusos sexuales a menores que se cometieron por parte de miembros de la Iglesia Católica en Castilla y León.
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El coordinador de IU en la Comunidad, Juan Gascón, ha considerado hoy en un comunicado que, de este modo, se completarían, con más testimonios, los preocupantes datos publicados en el informe que ha elaborado a nivel estatal el Defensor del Pueblo en nuestra Comunidad.
El informe del Defensor del Pueblo documenta 84 casos de abusos sexuales en Castilla y León.
Encabeza la lista Salamanca con 20 casos; seguida de León y Valladolid, con 14 casos; Burgos, con 12; Zamora, con 9 casos; Palencia, con 7; Ávila y Segovia con 3 y Soria con 2.
Estas cifras son las más altas conocidas hasta ahora, ya que Iglesia Católica elaboró su propio informe en el que se reconocían muchas menos situaciones de abusos sexuales.
Sin embargo, Gascón ha estimado “que las víctimas han tenido múltiples dificultades para denunciar estos hechos por la falta de apoyo, la estigmatización y el ocultamiento de las autoridades religiosas que han procurado mirar hacia otro lado en los casos de abusos sexuales.
En ese sentido ha considerado que “una investigación del Procurador del Común brindaría el marco en el que las víctimas podrían superar los obstáculos e impedimentos que se han encontrado hasta el momento para poder denunciar a los abusadores y violadores pertenecientes a la Iglesia y a sus órdenes religiosas”.
Izquierda Unida de Castilla y León ha asegurado que el precedente del informe del Defensor del Pueblo daría pie para iniciar la investigación en nuestra Comunidad.
El coordinador de IUCyL también ha reclamado una reparación para las víctimas: “que podría pasar por la petición de perdón por parte de la Iglesia Católica y el reconocimiento de toda la sociedad, incluidas las instituciones como ocurre con otras víctimas en nuestro país”.
Para Gascón la investigación ayudaría también a conocer qué Diócesis y órdenes religiosas de la Comunidad colaboraron en este informe y cuáles no y “qué autoridades religiosas se ocuparon en su día de prevenir o de dar una respuesta adecuada a este grave problema y cuáles derivaron el problema a otra parroquia, a otra diócesis o a otro centro educativo de órdenes religiosas”.
Asamblea extraordinaria
Los obispos españoles han celebrado el 30 de octubre una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española, centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, en la que se ha estudiado y valorado lel informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre, así como el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española.
Al analizar esta cuestión, los obispos han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y han reiterado su petición de perdón a las víctimas.
Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
Además han mostrado su sorpresa por la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe.
"No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino", han recalcado.
Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales.
La Asamblea Plenaria se ha unido a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe.
"Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda", han apuntado.
Los obispos han decidido encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación.
Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta.