El juez deja en libertad a Ulibarri y "El Patatero"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que el titular del juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha decidido hoy dejar en libertad a los tres investigados por la "Operación Enredadera" que aún seguían en prisión preventiva, aunque ha ordenado que le entreguen el pasaporte y que se personen periódicamente en el juzgado.

El juez ha optado por dejar en libertad a los tres detenidos que aún seguían en prisión, entre ellos los empresarios José Luis Ulibarri -implicado también en el caso Gürtel- y Ángel Luis García, después de que la Fiscalía lo ha solicitado, al considerar que ya no se daban los requisitos por los que se había acordado su privación de libertad.

Una vez acordada judicialmente su puesta en libertad, la salida de prisión de los tres investigados se efectuará cuando haya culminado el trámite administrativo en su centro penitenciario, según el TSJC.

La Policía Nacional detuvo el pasado 3 de julio a unas cuarenta personas en una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, entre ellos los empresarios ahora excarcelados y Carlos Ruipérez, entonces alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, que dimitió el 27 de julio.

Esta operación también ha comportado la dimisión de la alcaldesa del municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, la socialista María Eugenia Gancedo, y tres de los cuatro ediles de este municipio investigados por la Policía, mientras que en Villaquilambre una moción de censura impulsada por varios partidos de la oposición desbancó la pasada semana de la Alcaldía a Manuel García (PP).

También fueron arrestados los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa.

Entre los detenidos en esta operación también figuran Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr.

La operación salpicó a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.