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Castilla y León

CSI-F recibe 371 quejas de docentes en el inicio del curso escolar

El 16 por ciento se refieren a horarios y organización del trabajo

El registro de incidencias para los docentes, que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Castilla y León ha mantenido abierto durante el mes de septiembre, a través de internet, sobre el inicio del curso 2015-2016, ha recibido 371 quejas o dudas de los docentes de la Comunidad.

Para CSI-F este dato es una “radiografía muy concreta de los problemas y deficiencias del sistema educativo, o del malestar del docente. Una realidad  que la administración regional debe afrontar y solucionar, pero no desde la imposición sino desde el diálogo con los docentes, que son los que detectan, sufren y conocen -de verdad- la realidad del día a día en los centros educativos”.

La presidenta del sector de Enseñanza de CSI-F en Castilla y León, Isabel Madruga, ha explicado hoy que la temática de las quejas es muy variada y está muy repartida, lo que evidencia que “los problemas son muchos y abarcan  numerosos aspectos de la situación educativa de la Comunidad”.

El 16 por ciento de las quejas se refieren a temas relacionados con los horarios y la organización del trabajo, “que muestran la “tremenda precariedad laboral de los interinos, que suponen el 20 por ciento del profesorado total, con contratos de medio jornada y por horas”.

El 13 por ciento tienen que ver con el ratio de alumnos, “que pone en peligro el derecho a la igualdad de oportunidad de los alumnos del medio rural”; el 11 por ciento con las dificultades que los docentes tienen para mantener una formación continuada y necesaria, “con una legislación poco clara”; el 10 por ciento con la falta de oferta de empleo; el 9 por ciento con la aplicación de la Lomce, “que está provocando dificultades serias de coordinación a la hora de aplicar los currículos”; el 9 por ciento con las sustituciones (AISI), “por retrasos o valoraciones de criterios injustas; o el 8 por ciento con las vacantes de interinos (AIVI), “por la falta de información que hay sobre las plazas, los retrasos o lo abusos de contratos parciales”.

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