Castilla y León recibe 395 inmigrantes de Canarias
Trescientos noventa y cinco inmigrantes han llegado a Castilla y León derivados de la presión migratoria que está sufriendo Canarias.
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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha comparecido esta tarde junto al delegado territorial de la ONG Accem, Daniel Duque, para explicar la situación en la que se encuentra Castilla y León tras la decisión del Gobierno de trasladar inmigrantes procedentes de Canarias para aliviar la tensión migratoria que vive el archipiélago.
La delegada del Gobierno ha explicado que el Hotel Palacio Balneario de las Salinas de Medina del Campo va a acoger a 250 inmigrantes procedentes de Canarias.
183 de esos ciudadanos llegaron el pasado martes mientras que el resto, 67, lo harán mañana.
A este grupo hay que añadir a otros 145 migrantes procedentes de Canarias que la ONG Accem ya se ha encargado de distribuir por varias provincias de Castilla y León.
En concreto, la distribución de estos migrantes en los últimos días ha sido la siguiente en algunas capitales: León (22) Ávila (25), Burgos (25), Valladolid (25), Salamanca (23) y Segovia (25).
“Se trata de migrantes que ya han sido alojados por Accem y están recibiendo ya cuidados y atenciones”, ha señalado Barcones.
Accem es la ONG encarga de gestionar esta situación migratoria en la Comunidad.
Durante los primeros días de la Guerra de Ucrania, Accem y Cruz Roja gestionaron la llegada de más de 2.000 personas a Castilla y León que huían del conflicto.
Barcones, que ha reiterado en varias ocasiones que se está hablando de personas, ha indicado que las 395 plazas son las previstas en un primer momento para Castilla y León si bien Accem puede habilitar más plazas en caso de ser necesario debido a la presión migratoria en Canarias.
La estancia de estos migrantes se prolongará por espacio de 15 días y un mes salvo para aquellos que, por la situación derivada en su país, puedan tener acceso a la solicitud de Protección Internacional.
En ese caso se activarían los recursos que están estipulados en la legislación vigente y su estancia puede prolongarse por más tiempo.
Barcones ha indicado que esta llegada de emigrantes es bastante inferior a la anterior crisis migratoria en España, la que tuvo lugar con motivo de la Guerra de Ucrania.
“La situación actual es un 20 por ciento respecto a la crisis en Ucrania”, ha expuesto.
Reflexiones variopintas
“Hoy hemos escuchado reflexiones de lo más variopintas. Castilla y León es una tierra solidaria y no sería bueno oír hablar de enfermedades y otros aspectos que no voy a valorar. Sí diré que nuestro sistema de emergencia migratoria está muy tasado. Nadie sale a ningún punto del sin haber pasado un triaje donde se garantiza que no hay ningún tipo de enfermedad infecciosa”, ha aseverado Virginia Barcones que ha añadido que no se puede relacionar emigración con inseguridad, una “falacia que desmontan los datos objetivos”.
La delegada del Gobierno ha explicado que durante toda la jornada, a raíz de la crisis migratoria desatada durante las horas previas, ha estado en contacto con las consejerías de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales y Sanidad, para informar sobre la evolución de la llegada de migrantes. Igualmente ha hablado con el alcalde de Medina del Campo, el municipio de la Comunidad al que ha llegado un mayor número de migrantes.
El Ejecutivo ha asegurado que está volcado con Canarias ante el aumento del flujo migratorio a las islas.
Por este motivo, ha señalado que se han tomado y se seguirán adoptando todas las medidas que sean necesarias.
El sistema implementado en Canarias para gestionar las llegadas está funcionando, gracias a las infraestructuras creadas en los últimos años y a los refuerzos que se han puesto en marcha.
embargo, en momentos de máxima tensión como ahora, con picos de llegadas de inmigrantes, es necesario realizar derivaciones para aliviar la situación en las islas.
La delegada del Gobierno ha expresado que estas derivaciones se hacen de “forma puntual, ordenada, segura y legal dentro del sistema de acogida”. Se trata de repartir una parte de la carga de las llegadas a territorio nacional entre comunidades autónomas y, de esta forma, “colaborar de forma solidaria con Canarias en el momento de más llegadas del año”.
