Investigado por sacrificar a dos perros de caza
La Guardia Civil ha tomado manifestación, en calidad de investigado, a un vecino de Soria como presunto autor de un delito de maltrato animal, por las muertes de dos perros de caza que fueron localizados flotando en las aguas del río Duero.
La investigación de estos hechos se iniciaron el pasado 1 de septiembre, cuando un ciudadano puso en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia el hallazgo de los cadáveres de dos perros flotando en el río a su paso por el paraje Valhondo, dentro del término municipal de Soria, según ha informado este jueves en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
Hasta este lugar se desplazaron componentes del SEPRONA que extrajeron del agua los cadáveres de los perros.
Posteriormente, con veterinarios del Colegio facultativo de Soria, se realizó una inspección postmortem de los cadáveres de los perros, en la que se pudo observar que ambos presentaban heridas por arma de fuego y que, según el calibre de los cartuchos encontrados, podía tratarse de una escopeta de caza.
La Guardia Civil inició las gestiones para localizar al propietario de los animales, con el fin de esclarecer los hechos e identificar a sus autores.
Uno de los perros tenía insertado el microchip de identificación por lo que pudo localizarse al propietario, quien manifestó que en junio había cedido ese perro a otra persona, la cual no habría realizado el cambio de titularidad.
Ante la existencia de diferentes indicios,la Guardia Civil procedió el pasado 30 de septiembre a tomar manifestación a esta persona en calidad de investigado como supuesto autor de los hechos.
A la vista de lo actuado, se han instruido las correspondientes diligencias judiciales, que han sido remitidas al Decanato del partido judicial de Soria y copia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.
Así mismo, por parte de la patrulla del SEPRONA que ha actuado, se ha procedido a denunciar a la persona investigada ante el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, por varias infracciones a las normativas sobre protección de animales de compañía y de sanidad animal.
Las personas que realicen este tipo de delitos pueden enfrentarse a penas de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales
