La Diputación regula tasas y actualiza precios de residencias de mayores
El pleno ordinario de la Diputación provincial correspondiente al mes de noviembre, ha aprobado con los votos a favor de los grupos Partido Popular y Vox, y la abstención de Partido Socialista, de proceder a la derogación de los Precios Públicos relativos a Servicios Sociales y sustituirlos por una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa y la actualización de los precios de las residencias.
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Este cambio se hace a propuesta del departamento de Tesorería y afecta a las plazas que tiene la Diputación provincial en alojamiento y atención integral en las residencias para personas mayores, centros asistenciales y centro ocupacional dependiente y por los servicios prestados en plazas concertadas con otros centros residenciales y asistenciales.
Se trata de adaptar los servicios que presta la Diputación al marco jurídico vigente tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece como doctrina jurisprudencial que la naturaleza del copago por las prestaciones de atención a la dependencia es de una tasa amparada por el principio de reserva de ley.
El pleno acuerda la actualización de la tarifa de residencias acorde al incremento de las pensiones, un 3,5 por ciento, lo que viene a suponer una horquilla entre 70 céntimos y 1,5 euros/día.
Hasta este año, 2026, las tipologías de plaza eran tres: válido, asistido y centro de día; a partir de 2027 se añade un grado más, que son los grandes dependientes, cuyo coste se estipula en 50 euros/día.
El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha puesto en valor el firme compromiso de la institución con los servicios sociales y sobre todo con las residencias de la Diputación provincial que anualmente tiene que hacer frente a un déficit que ronda los seis millones de euros, siempre defendiendo la calidad del servicio.
El pleno también aprobó aplicar esta modificación, de pasar de Precio Público a Tasa de la prestación del servicio, de ayuda a domicilio, servicio de lavandería y comida a domicilio, a las que a partir de ahora se va a aplicar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación de servicio. Se incluye el servicio de comidas y lavandería que no se presta actualmente a la espera de poder ser puesta en funcionamiento.
La ayuda a domicilio se presta a 1.200 personas y no existe lista de espera, y esta modificación no supondrá ningún incremento en el servicio. El punto ha sido aprobado con los votos favorables del Partido Popular y Vox, y la abstención del Partido Socialista.
Abstención socialista
El Grupo de Diputados Socialistas se ha abstenido en el pleno de la Diputación Provincial de Soria en las modificaciones de las ordenanzas que sustituyen los precios públicos por tasas en los servicios residenciales y de ayuda a domicilio.
Su portavoz Esther Pérez ha defendido que la adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo no puede convertirse en una vía para modificar las condiciones económicas de las personas usuarias sin justificar su impacto y garantizar la protección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Además ha explicado que el Grupo Socialista no cuestiona la necesidad de adaptar la normativa a la Sentencia 800/2025 del Tribunal Supremo, pero sí que la Diputación extienda el régimen de tasas a todas las personas usuarias, con independencia de su grado de dependencia, cuando el pronunciamiento judicial se refiere expresamente a las personas con gran dependencia, grado III.
"Una cosa es adaptar la normativa a la jurisprudencia y otra muy distinta es aprovechar esa adaptación para modificar las condiciones económicas que afectan a las personas residentes", ha señalado.
En este sentido, Pérez ha reclamado que se justifique suficientemente la extensión de este régimen, se garantice la seguridad jurídica de las bonificaciones y se explique el impacto económico real de las nuevas tarifas.
Ha advertido de que la ordenanza residencial contempla una tarifa de 50 euros diarios para grandes dependientes, frente a los 42 euros de la categoría de personas asistidas, lo que puede suponer un incremento de hasta el 15 % antes de aplicar las bonificaciones correspondientes.
"La ley permite establecer tasas, pero no obliga a incrementar las aportaciones económicas de nuestros mayores. Esa es una decisión política y, como tal, deben asumirla y explicarla", ha afirmado.
Pérez ha defendido el carácter público de las residencias provinciales y ha recordado que su finalidad no es obtener beneficios económicos ni equilibrar sus cuentas a costa de las personas mayores, sino prestar un servicio público esencial.
"La aportación que realiza esta Diputación no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión social, especialmente necesaria en una provincia envejecida y dispersa como Soria", ha subrayado.
Respecto a la modificación de la ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio, lavandería y comida a domicilio, la portavoz socialista ha puesto el acento en la necesidad de proteger a quienes necesitan estos apoyos para continuar viviendo en sus casas y en sus pueblos.
Ha mostrado su preocupación por la aplicación provisional del 65 % del coste del servicio cuando no sea posible verificar los datos económicos de una persona usuaria y ha reclamado garantías para evitar que una dificultad administrativa se convierta en una carga económica desproporcionada.