Declaración institucional para urgir presa de río Mayor
La Diputación provincial de Soria ha aprobado de nuevo una declaración institucional para urgir al Gobierno y a la empresa adjudicataria de las obras de la presa del río Mayor, en Tierras Altas, a llegar a una solución para terminar una obra que lleva paralizada des noviembre de 2019.
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Todos los grupos políticos de la institución provincial han solicitado hoy, en el pleno ordinario, al Gobierno y a la UTE Presa Oncala, formada por Sarrión, con sede en Toledo, y la soriana Aglomerados Numancia, a que se realicen las gestiones necesarias para que se retome a la mayor brevedad las obras necesarias para una rápida conclusión de la presa.
Además han solicitado al Gobierno de España tenga en consideración la "excepcional" situación de la comarca de Tierras Altas, una de las más despobladas de España, para si hiciera falta acometa un esfuerzo económico extraordinario para la urgente finalización de esta infraestructura.
También ha pedido al Gobierno y a la UTE adjudicataria de la obra a que lleguen a un acuerdo urgente y se comunique a la Diputación los informes técnicos y económicos por los que se mantiene paralizada la infraestructura como parte interesada en el desarrollo de la misma.
Por último, el pleno de la Diputación ha instado a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente las partidas necesarias para la construcción de una captación de agua en el embalse ubicado en el río Mayor, una ETAP y la red de distribución de agua potable "en alta", para abastecimiento de varias localidades de la comarca de San Pedro Manrique.
Es la segunda declaración institucional aprobada por la Diputación, tras la aprobada en diciembre de 2020 y que pretende garantizar el abastecimiento de agua en la comarca de Tierras Altas, que también está sufriendo la actual sequía.
Sólo en lo que va de año los camiones cisterna de la Diputación han suministrado 265.000 litros por falta de abastecimiento.
La obra de la presa del río Mayor fue adjudicada el 19 de septiembre de 1917 por el Gobierno a la UTE formada por Sarrión y Aglomerados Numancia, por 3.701.390 euros, una cifra muy baja con respecto al presupuesto de licitación (6.132.502 euros).
Los plazos de adjudicación establecían tres anualidades presupuestarias, la última de ellas en el actual 2022, con 346.000 euros.
El proyecto de construcción contempla una presa de gravedad de planta recta, con una altura sobre cimiento de 23,80 metros y una capacidad de embalse de 0,623 hectómetros cúbicos.
Las obras se encuentran en suspensión temporal parcial desde noviembre de 2019.
En junio de 2021 se aprob´un proyecto modificado sin que se haya llegado a firmar por parte del contratista de las obras, que interpuso recurso de reposición contra la aprobación de este modificado, además de un recurso contencioso administrativo contra la denegación de rescisión del contrato, "lo que dificulta el reinicio y finalización de una obra de gran importancia para la comarca de Tierras Altas".
El Gobierno informó en el Senado en abril de 2021 que las obras de la presa se encontraban parcialmente suspendidas con motivo de la tramitación de la modificación nº1.
Las unidades de obra no suspendidas han sido abandonadas unilateralmente por el contratista adjudicatario de las mismas que, tras la parada invernal del 31/12/2018 a 21/03/2019, tomó la decisión de abandonar los trabajos y de presentar una solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración, y una reclamación por daños y perjuicios ante el órgano contratante.
La solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración fue resuelta negativamente en primera instancia y, tras la respuesta a las alegaciones presentadas por el reclamante, se volvió a desestimar con fecha 2 de febrero de 2021.
