Una nueva ley de educación con fecha de caducidad

En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno se comprometió a buscar el más amplio consenso posible para redactar una nueva ley educativa destinada a combatir el fracaso escolar.

Pero la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, aprobada con los únicos votos del Partido Popular, nace con fecha de caducidad ya que cuenta con una fuerte oposición de la comunidad educativa -que se ha vuelto a movilizar esta misma semana- y el rechazo frontal del hoy principal partido de la oposición, que ha advertido que la derogará si las urnas le dan la mayoría suficiente en las próximas elecciones generales. La Lomce es la séptima ley educativa aprobada en democracia y posiblemente una nueva oportunidad pérdida por nuestros dirigentes -de uno y otro lado- para romper con la nefasta dinámica que ha imperado hasta ahora, marcada por la incapacidad de los sucesivos gobiernos de pactar un modelo educativo para varias generaciones, lo suficientemente sólido como para perdurar y lo suficientemente flexible como para ir corrigiendo las carencias, que el paso del tiempo ha demostrado que son muchas. Es cierto que el sistema educativo necesita introducir cambios para favorecer la cultura del esfuerzo y mejorar el rendimiento, pero también que es imprescindible arbitrar mecanismos que garanticen que la educación sea un derecho universal. En la educación, un país se juega su prosperidad futura. La falta de consenso deja en evidencia la incapacidad o la falta de responsabilidad de nuestros representantes.