Medidas para acabar con la impunidad de corrupción
La preocupación que generan la corrupción y el fraude ha vuelto a sus cotas más altas entre los ciudadanos, según se desprende del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un mal al que el Gobierno, las administraciones -entre ellas de la de Justicia- y los partidos políticos tienen que atacar de forma decidida y con principios para conseguir acabar con la sensación de impunidad que hoy reina en buena parte de la sociedad española y, por extensión, de la soriana.
Cierto es que se puede estar incurriendo en generalizaciones sobre determinados colectivos -llámese políticos o funcionarios- en el seno de los cuales hay muchas personas que desempeñan honestamente y con entrega absoluta sus funciones, pero no lo es menos que la corrupción está obstaculizando la salida de España de la crisis, además de suponer una cara factura -los expertos hablan del 0,5 por ciento del PIB- que castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas y sobre todo, supone una pérdida de fe de una generación de jóvenes en el Gobierno, en el sistema democrático y en el entorno económico. España, que siempre ha sido muy permisiva con la corrupción, tiene la obligación de poner en marcha una serie de medidas que corten de raíz la más mínima tentación de los corruptos y acabe con la impunidad que está socavando hoy las bases del sistema democrático. Aplazar en el tiempo más las medidas es un serio riesgo para todos. Mejorar la transparencia de todo lo que se contrata en las administraciones es sólo una de las herramientas para conseguir el objetivo final de hacer un sistema justo y fiable para todos.
