Cuando la huelga se tiene que hacer a la fuerza
DECÍAMOS AYER QUE para tener una huelga general en paz era
imprescindible que todas las partes evitarán coacciones y presiones y
respetaran la decisión soberana de los trabajadores.
Los hechos han puesto de manifiesto que, después de tres décadas de democracia, este país sigue huérfano de tolerancia y respeto al que no piensa -y actúa- como uno quisiera. Estos nuevos actos de boicot alimentan de nuevo el debate sobre la necesidad de aprobar una ley de huelga en el Parlamento español, que desarrolle el artículo 37 de la Constitución, que reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan establecer, incluidas las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Entre las reformas que tiene pendiente el Estado español para regenerar el sistema democrático, la ley de huelga es una de ellas y va siendo tiempo de afrontarla, con seriedad y rigor entre las partes. No parece apropiado que la normativa legal por la que se ha regido hasta ahora el ejercicio de huelga sea un real-decreto-ley de 1977. En este tiempo, ha habido algunos intentos de elaborar una ley de huelga, sobre todo para regular los servicios mínimos, pero por razones coyunturales y tácticas, en cada momento, Gobierno, sindicatos y patronal han preferido dejar las cosas como estaban. El 29-S ha demostrado que va siendo hora ya de ponerse a trabajar para conseguir que el derecho a la huelga no sea una obligación. Es, ni más ni menos, que una decisión soberana de cada trabajador.
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