Cuando la economía de las instituciones está bajo sospecha
Tras las elecciones municipales y autonómicas el relevo en algunas
administraciones ha deparado sospechas y acusaciones sobre la situación
real de sus finanzas, una dinámica que también salpica estos días a
corporaciones sorianas, lo que alimenta el descrédito de los
responsables políticos a la hora de gestionar la cosa pública.
Conocer con precisión el estado de las arcas municipales -o de cualquier otra administración- no debería ser un ejercicio imposible -como parece-, si la transparencia fuera tónica común en la política. Con ella de por medio, se evitaría alimentar especulaciones sobre la relación de deudores y la antigüedad de las facturas, o lo que es peor, sobre las que se puedan encontrar en el fondo de algún cajón. Resulta imprescindible que los partidos políticos -y con ellos la sociedad a la que representan- conozcan los datos que sirvan para valorar la salud económica de las administraciones en las que tienen que ejercer su responsabilidad, como que la ejerzan sin demagogias y alarmismos e interpreten las cifras con las suficientes dosis de pedagogía y cordura. Es lo que demanda el ciudadano, que quiere saber, por ejemplo, desde en que medida consigue su ayuntamiento los ingresos previstos hasta cuánto invierte por habitante, la deuda que mantiene abierta con los bancos o el dinero en caja de sus cuentas. Son datos que no deberían alimentar la confusión y evitar recurrir a auditorias externas, anunciadas en el pasado en el Ayuntamiento capitalino y cuyos resultados -si los hubo- siguen hoy sin poner negro sobre blanco en la gestión municipal.
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