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La mitad de empleados públicos consumen fármacos psicoactivos

Un 45 por ciento de los empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros), según un estudio elaborado por CSIF.

La mitad de empleados públicos consumen fármacos psicoactivos

El estudio, que lleva por nombre ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’ y se ha presentado hoy con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, se ha realizado mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas (Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas).

El estudio pone de manifiesto como los efectos de la pandemia y la crisis económica han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía, con especial incidencia en los colectivos profesionales que tuvieron más exposición al virus.

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según la encuesta de CSIF, en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y educación. El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional. 

Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos (66 por ciento de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6 por ciento) y somníferos (32,1). Un 51 por ciento de los encuestados aseguran consumir estos fármacos a diario, un 13 por ciento varias veces en semana, un 21 por ciento alguna vez al mes, y un 15 por ciento en el último año.

El 76 por ciento manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir esta sustancias: un 54,2 por ciento lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6 por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7  por ciento por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso).

Además, un 21,22 por ciento relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6 por ciento con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6 por ciento con los problemas económicos.

Otro dato significativo nos indica que más de la mitad (55 por ciento) de las/os encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la pandemia, mientras que el 93 por ciento se quejan de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental

Precisamente CSIF denuncia el elevado número de bajas laborales por problemas de salud mental y su infradeclaración como contingencia profesional, ya que difícilmente puede justificarse la relación causal entre daño psicológico y actividad laboral.

Salud mental

En este sentido, el sindicato de Miguel Borra ha lanzado hoy la campaña ‘Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral’, que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial y exigiendo al Gobierno a que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo, entre los que destacan:

  • Aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de un real decreto.
  • Evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real.
  • Establecer la figura del ‘psicólogo/a en el trabajo’ e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembro más del Servicio de Prevención.
  • Aumento del número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales.
  • Elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables
  • Planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral.
  • Vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo

CSIF también ha denunciado la escasa inversión y de recursos en materia de salud mental, ya que no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas.

En concreto, ha lamentado que la salud mental supone tan solo del 5 por ciento del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5 por ciento de los países de nuestro entorno.

Además, ha advertido de que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha, puede llegar hasta 4 y 5 meses respectivamente, para la primera consulta y en Aragón hasta 9 meses).

Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón

La Estrategia de Salud Mental 2022-2026 tampoco se ha implantado en todas las comunidades autónomas (no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo), y Cataluña y Madrid, entre otras regiones, tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia.

CSIF ha recordado que tres de cada diez españoles padecen algún trastorno de salud mental, por lo que es necesario reforzar la prevención en la Atención Primaria con la implantación de servicios de psicología clínica y aumentar la creación de plazas de esta especialidad en el SNS.

 

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