Adolescencia Libre de Móviles traslada sus propuestas
Adolescencia Libre de Móviles (ALM) ha valorado muy positivamente el nombramiento por parte del Gobierno de los cincuenta miembros del comité de expertos que durante los próximos seis meses analizarán el impacto de los dispositivos con acceso a internet en los menores.
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El movimiento ciudadano ha trasladado al grupo de trabajo del Ministerio de Juventud e Infancia un documento que recoge una serie de consideraciones para este grupo de trabajo multidisciplinar, y confía en que las tengan en cuenta a la hora de elaborar su informe de conclusiones.
Los teléfonos inteligentes, y con ellos las redes sociales, han entrado en la vida de niños y adolescentes sin tener en cuenta el principio de precaución. La plataforma ALM recuerda las necesidades de protección y cuidado especiales que tienen los menores, “por su falta de madurez física y mental”, según recoge la Convención de los Derechos del Niño.
En este sentido, la Societat Catalana de Pediatría recomienda que el adolescente no tenga smartphone hasta que sea “suficientemente maduro en competencias y aptitudes digitales”, aptitudes que llegan en los últimos años de la adolescencia.
Sin embargo, en lugar de tratar el acceso a estos dispositivos con un enfoque de derechos humanos para garantizar una protección efectiva al derecho a la salud, a la protección, al juego o a la privacidad, se está basando la digitalización en la infancia y adolescencia únicamente en el derecho al acceso a internet y a la participación. De esta manera obviamos otras formas mucho más seguras de acceso a la información y que no han demostrado riesgos ni las flagrantes vulneraciones de derechos que ya se ha evidenciado que las redes sociales y el uso de dispositivos electrónicos están generando en la infancia y adolescencia.
Las familias que integran ALM han destacado la necesidad de regulación por parte de administraciones públicas y tecnológicas.
Y ante este escenario, la plataforma ha remitido al Ministerio de Juventud e Infancia una serie de propuestas a implementar a corto, medio y largo plazo. En primer lugar, el movimiento sugiere incorporar más profesionales del campo de la psiquiatría, neurología y psicología en el propio grupo de trabajo, dado que el impacto más relevante del uso de redes sociales y nuevas tecnologías tiene lugar sobre la salud mental.
El movimiento ha propuesto además al Gobierno que solicite formalmente a los Colegios de Médicos y de Psicología una declaración institucional sobre el uso de las redes sociales en la infancia y la adolescencia como un problema de salud pública.
Está demostrado que el uso, y no únicamente el mal uso de los dispositivos móviles con acceso a internet y las redes sociales, creadas para ser adictivas, están relacionados con una alteración emocional de los menores.
Pacto de familias
ALM ha planteado también la importancia de que desde las diferentes administraciones se promueva un pacto de familias para retrasar la llegada del primer smartphone, en línea con el principio de precaución, como medida viable, inmediata y eficaz de reducción de riesgos.
La entrega del teléfono móvil con acceso a internet debe hacerse cuando se demuestre una capacidad de madurez y competencia digital suficiente. Además, existen alternativas para la localización o contacto con el niño, como los relojes que ofrecen la posibilidad de llamar o enviar mensajes, o los teléfonos móviles sin datos.
La plataforma aboga por elevar la edad de acceso a las redes sociales hasta los 16 años y establecer medidas eficaces para asegurar su cumplimiento, así como la puesta en marcha de mecanismos de capacitación para familias, infancia y adolescencia.
Desde ALM entienden que la decisión de entregar los dispositivos ha de hacerse de forma libre e informada, conociendo los riesgos y las medidas para un buen uso de los mismos. Al igual que la educación sexual no se adquiere con la práctica, la adquisición de competencias digitales en un entorno digital que no ofrece todas las garantías de protección al menor debe llevarse a cabo sin dispositivo hasta que el desarrollo cerebral sea suficiente para que las ventajas de su uso superen los riesgos.
En este sentido, ALM hace hincapié en la importancia de sensibilizar y formar a todas las familias en una digitalización responsable para evitar una exposición temprana al entorno digital sin acompañamiento, control parental ni formación previa. Para ello, la iniciativa ciudadana propone actividades de sensibilización tanto en el entorno educativo como en los centros de salud.
Por otra parte, ALM defiende la necesidad de crear espacios libres de móviles, como los centros educativos, para los que se pide una prohibición expresa del uso de los dispositivos móviles personales en todo el centro escolar, durante toda la jornada, y eliminándose los “fines didácticos”, así como otros lugares en los que se trabaje con niños. Asimismo, solicita que desde las distintas administraciones públicas se potencien las actividades de ocio alternativas.
Propuestas a medio plazo
Las familias que engloban ALM piden una regulación de los ocho tipos de contenidos perjudiciales en la red: pornografía, acceso a juego y apuestas, páginas de contenidos violentos, webs prosuicio, proanorexia y probulimia, así como aquellas que incitan al odio.
ALM ve urgente que se impida esta vulneración de los derechos de la infancia mediante el bloqueo efectivo de contenidos inadecuados por edad.
El movimiento ciudadano apuesta por trabajar la problemática con un enfoque de derechos humanos, y elaborar una regulación específica en materia de debida diligencia, es decir, aquella destinada a que las empresas que diseñan alojan y distribuyen contenidos y aplicaciones digitales gestionen de forma eficaz el impacto en derechos humanos sobre las personas potencialmente afectadas, con especial foco en la infancia y la adolescencia.
Finalmente, los datos preliminares de la encuesta realizada por ALM a 25000 familias indican que el 84 por ciento de las familias estarían dispuestas a un pacto social para retrasar la entrega del teléfono inteligente a sus hijos.
El 72 por ciento considera que la edad de entrega debería ser, como mínimo, los 16 años a pesar de que el 89 por ciento ya lo entregó a los 12 años o antes, hecho que responde principalmente a la presión social.
