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TRIBUNA / El timo de la democracia en España

Mario González incide en este artículo de opinión en el "escandalazo" político para controlar el Tribunal Constitucional, que es un episodio más en la progresiva politización de la Justicia y que socava un principio fundamental en democracia como la separación de poderes. El Gobierno, en el fondo, teme que la Justicia tumbe sus concesiones a los independentistas.

TRIBUNA / El timo de la democracia en España 

De aquellos polvos estos lodos. Estamos viviendo el escandalazo político de la toma de control del Tribunal Constitucional (TC) a través de la previa toma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con declaraciones altisonantes del PSOE contra el PP denunciando tanto el talante antidemocrático de ambas instituciones así como la quiebra de la Constitución por la falta de renovación de las mismas, mientras, la mayor parte de los medios de comunicación lo retransmiten sobre una base de mentiras e insidiosas imprecisiones técnicas que vamos a tratar de despejar a lo largo de este artículo.

 ¿Dónde está el problema? En el juego que dan dos artículos de la Constitución Española de 1978 (CE): (i) el 122 CE, que dice que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros…” y (ii) el 159 CE, que dispone que “el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial” precisando, a continuación, que “serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”.

Esa mayoría de tres quintos responde, precisamente, al principio democrático y quiere por un lado garantizar un gran consenso a la hora de nombrar a sus miembros y, por otro, salvaguardar su independencia respecto al resto de Poderes.

Sin embargo, los partidos socavaron dicha independencia desde el principio y la primera maniobra para politizar la Justicia la encontramos en la reforma de la LOPJ por el PSOE en 1985 para permitir que las Cámaras eligiesen, por mitad y con la mayoría de 3/5, a la totalidad de los 20 vocales del CGPJ.

Después, un TC ya adscrito a la causa validó dicha maniobra en su STC nº 108/1986.

A partir de ahí, el sistema no cambió con los gobiernos del PP -salvo la Reforma del 2013 que recuperó el sistema inicial (12+4+4)- olvidándose de las promesas electorales de despolitizar la Justicia para seguir repartiéndose mano a mano esas ‘plazas’, con algún guiño a los nacionalistas, hasta el punto de crear las famosas ‘ganaderías de magistrados’ -unos progresistas, los otros conservadores- que han terminado por colapsar ambas instituciones al responder únicamente a la voz de su amo (con contadas excepciones como la de Manuel Aragón en el ‘Caso del Estatuto de Cataluña de 2010’ o la de Encarnación Roca en el ‘Caso del Estado de Alarma’, iniciativas políticas censuradas por el TC gracias a la actuación independiente de esas dos personas).

Por lo tanto, este lío de los mandatos caducados es un genuino producto de la ‘PPSOE’: ninguno tiene esa mayoría cualificada y ninguno quiere candidatos independientes.

La novedad está en que ahora el PSOE pasa del cambalache habitual con el PP y decide tirar por la calle de en medio, quebrando en solitario la Ley y la Constitución, para controlar ambas instituciones ante el temor de que las mismas, si no lo hace ya, tumben las concesiones realizadas a sus socios indepes y etarras que tienen que seguir, sí o sí, para poder agotar la legislatura.

De ahí nacen las reformas legislativas que limitaron la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos cuando se encontrase en funciones -como ahora, por tener cargos caducados- para devolvérselas más tarde al ver que tal situación bloqueaba sus aspiraciones en el TC, y después han pasado directamente a buscar la renovación del TC sin respetar el 159 CE al pretender que se aplique una mayoría simple y no se haga por tercios. Un cuadro.

Un cuadro que pone de manifiesto el timo de la Democracia que vivimos en España por cuanto dicho sistema, que puede que tuviera sentido para la Transición Democrática por las tensiones que se vivieron entonces, ahora, bien entrado el siglo XXI, no se puede aguantar porque en el fondo no es más que una ficción democrática reducida al acto de votar.

Hasta ahora, ese trampantojo democrático se había mantenido en pie para los no avisados gracias a las buenas maneras de la PPSOE, pero las recientes tensiones desatadas en el seno de tal coalición por un PSOE decidido a salirse con la suya a cualquier precio, ha desvelado el régimen oligárquico de partidos en el que nos encontramos, alejados de una idea de España y de la Ley, y movidos únicamente por su propio beneficio, por eso el Estado español va cediendo ante un Estado autonómico tan ineficiente, corrupto y despilfarrador que ni siquiera, con los sucesivos records de recaudación impositiva, han podido ponerle remedio a la ruina económica y social de la nación.

No existe separación de poderes, lo que resulta evidente con la toma del CGPJ y del TC.

No existe representatividad, porque esos falsos representantes políticos una vez elegidos no responden a nada que no sea su propio partido, olvidándose del mandato electoral.

No existen contrapesos que permitan defender a la ciudadanía y revocar ese mandato cuando se aleja de los objetivos prometidos en las elecciones.

Hoy, todas las instituciones han sido colonizadas por los comisarios políticos de la PPSOE y por eso tenemos la administración más grande, en el país más pequeño, para que la PPSOE haya podido colocar –y lo siga haciendo- a todos sus acólitos.

Estamos ciertamente en el camino hacia lo que han dado en llamar una ‘Dictadura Constitucional’ -lo que yo llamo franquismo con chaqueta de pana- en la que los partidos han robado la Democracia a los españoles con la única excepción del voto por lo que todos deberíamos dirigir el mismo, alejándonos de la perniciosa PPSOE -un monstruo con dos cabezas- hacia aquel partido que prometa un nuevo proceso de libertad constituyente para poder decidir un nuevo sistema que sirva de catalizador a nuestro propio desarrollo en lugar del actual que lo canibaliza en su propio beneficio. Tomen nota para los comicios convocados para 2023.

Fdo: Mario González. Abogado. MautikoAbogados.

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