Los inspectores de Hacienda rechazan posible independencia fiscal de Cataluña
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mostrado en un comunicado su rechazo frontal y absoluto al preacuerdo alcanzado sobre la posible independencia fiscal, “que no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución".
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ERC cerró este lunes un preacuerdo con el PSC por el que acepta apoyar la investidura de Salvador Illa a cambio de cambios sustanciales en las financiación de Catalunya.
Los republicanos han asegurado que el acuerdo recogido en este documento supone la salida de Cataluña de la financiación de régimen común, con un sistema de concierto similar al vasco y navarro.
Además se ha acordado crear una consejería de política lingüística y un nuevo impulso a la llamada resolución del conflicto político a través de una convención de partidos catalanes.
El preacuerdo de ERC y PSC para investir a Salvador Illa (PSC) presidente de la Generalitat prevé el traspaso de las primeras infraestructures de Rodalies a la Generalitat durante 2025, así como la constitución de la nueva operadora entre 2024 y 2025.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha mostrado hoy en un comunicado su rechazo frontal y absoluto al preacuerdo alcanzado sobre la posible independencia fiscal, “que no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución".
Los expertos no dudan en el carácter anticonstitucional del acuerdo y han apuntado que el artículo 133 de la norma fundamental "reserva la potestad tributaria originaria al Estado, aunque permite a las comunidades y a las entidades locales establecer y exigir impuestos, pero esta distribución lo que no admite es que dichas comunidades y, en este caso, una de ellas, exija el ingreso de los principales impuestos estatales, eliminando, por la vía de hecho, saltándose la Constitución y en base a un acuerdo que no representa a la mayoría social, la potestad originaria que sólo corresponde al Estado".
Esta asociación lleva meses advirtiendo de las nefastas consecuencias de esta entrega de privilegios a Cataluña.
"La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña" han alertado.
Destrozo del sistema tributario
"El concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia tributaria de ese territorio rompiendo la institución que mejor funciona en la Administración pública. IHE pedirá responsabilidades por ese destrozo del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno y a la ministra de Hacienda quien lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña" han recordado.
Esta asociación ha avisado de que "no va a permitir que esta ruptura se produzca" y está dispuesta a "utilizar todos los medios legales oportunos para impedir que esta situación siga adelante, velando, especialmente, por los compañeros que están allí destinados quienes no son, ni serán nunca, funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana nacional, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico por más que se quiera forzar y engañar a la ciudadanía con argumentos falaces".
En el texto, los inspectores le han recordado al líder del PSOE que "no todo vale para estar en el poder y que el preacuerdo alcanzado rompe con el principio de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, e impone, sin cabida legal ninguna, un régimen de financiación privilegiado para Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas, socavando el principio de solidaridad interterritorial, vulnerando la interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos y provocando un abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales y no a los particulares de unos políticos que no representan a la mayoría".
