Las comunidades del PP toman medidas contra ley Celaá
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP adelantarán el proceso de inscripción en el curso escolar para tratar de sortear la aplicación de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno en el Congreso.
Así lo ha anunciado este sábado lel líder del PP, Pablo Casado, que ha señalado que el fin de su partido, con esta medida, es evitar que se aplique una batería de medidas que contiene la ley encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera, y que para los populares entorpecen la libertad de elección de los padres.
“Allí donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, ha asegurado el líder popular en Murcia.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Castilla y León, anticiparán el calendario de inscripción para el curso 2021/2022, para que las matriculaciones no se rijan por la conocida como ley Celáa, que aún no ha entrado en vigor pero ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y será llevada a aprobación al Senado antes de las fiestas navideñas.
Casado ha anunciado también que en estas cinco comunidades autónomas el PP va a impedir que, como contempla la nueva ley educativa, se pueda pasar de curso con suspensos. “No vamos a permitir la merma en la calidad educativa”, ha subrayado el líder del PP.
“Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad”, ha resaltado.
La nueva ley prevé que sólo se pueda repetiruna vez en Primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria y que lo decida el equipo docente sobre la base de qué será más favorable a la evolución académica del alumno, sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas.
El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Otra de las medidas más polémicas contempladas en la Lomloe es la intención del Gobierno de integrar en un período de diez años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves.
