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El Gobierno prorroga la rebaja del IVA de alimentos básicos al 0 por ciento

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley mediante el que se prorrogan varias medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo y se aprueban otras nuevas en materia fiscal energética y social.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas iniciativas se suman a las aprobadas por el Ejecutivo desde el año 2020 para apoyar a las familias, a las empresas y a los colectivos más vulnerables.

Montero ha añadido que el Gobierno ha llevado a cabo una política fiscal responsable que ha supuesto la mayor rebaja de impuestos energéticos y del IVA de la historia, lo que ha permitido un ahorro de 25.000 millones de euros a las familias.

Asimismo, esa política ha sido compatible con la reducción del déficit sin aplicar recortes y con el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal.

La norma aprobada hoy incluye la prórroga del IVA al 0%, hasta el 30 de septiembre, de los alimentos básicos: leche, pan, harinas, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, tubérculos, quesos y huevos, a los que se sumará el aceite de oliva. Del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de esos productos pasará al 2%.

Asimismo, el resto de aceites de semillas y las pastas alimenticias mantendrán el IVA al 5% hasta que finalice septiembre, y a partir de octubre se situará en el 7,5%.

María Jesús Montero ha confirmado que el aceite de oliva pasará a formar parte de la cesta de alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un IVA superreducido, es decir, nunca superará el 4%.

Prohibición de corte de suministros básicos

El Real Decreto-ley mantiene la prohibición de interrumpir los suministros de agua, electricidad y gas a los colectivos más vulnerables hasta el próximo 31 de diciembre.

Además, la vicepresidenta ha señalado que se extienden los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025, aunque irán disminuyendo de forma progresiva.

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas para las comunidades de propietarios y las empresas de servicios energéticos que atienen sus demandas tendrá carácter indefinido.

La vicepresidenta primera ha explicado que se reforma la ley del IRPF para que las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estén exentas de tributación: "No se les practicarán retenciones en sus nóminas mensuales ni tendrán que pagar posteriormente este impuesto".

La cuantía del salario bruto a partir del cual se empieza a pagar el IRPF pasa de 15.000 euros anuales a 15.876, el actual SMI. Dada la progresividad del impuesto, los cambios aplicados alcanzarán a rentas de hasta 22.000 euros, lo que implicará que la bajada de retenciones del IRPF beneficie a 5,2 millones de contribuyentes, sobre todo a asalariados y a pensionistas con rentas bajas y medias que, según ha detallado Montero, podrán ahorrar 1.358 millones de euros.

Montero ha remarcado que la suma de las medidas fiscales incluidas en el Real Decreto-ley, tanto el IVA como el IRPF, supone un ahorro de unos 3.000 millones euros al año para las familias.

Mejora de los servicios públicos y del Estado del bienestar

El Real Decreto-ley incluye la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y las entidades locales que, según ha subrayado María Jesús Montero, "recibirán una financiación récord por parte del Estado".

Así, las comunidades dispondrán de un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado, recursos que el Gobierno desea que puedan fortalecer la sanidad, la educación o la dependencia, según la vicepresidenta. Las entidades locales contarán con 28.557 millones de euros.

Montero ha resaltado que, en los seis años de gobierno del presidente Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido casi 250.000 millones más del Estado que los seis años anteriores al Ejecutivo actual, al margen de los 60.000 millones procedentes de los fondos Next Generation o del marco financiero plurianual europeo: "Todas las comunidades autónomas han mejorado su financiación con este gobierno".

Subida de los salarios de los empleados públicos

La vicepresidenta primera ha reiterado el compromiso del Gobierno con los empleados públicos, que verán incrementadas sus retribuciones en un 2% con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La norma también establece la posibilidad de una subida adicional y consolidable del 0,5% en función de la evolución de la inflación.

"Así cumplimos en la totalidad del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI que firmamos con los sindicatos y, de hecho, la revalorización total de los empleados en el período de vigencia 2022-2024 alcanzará hasta el 9,8% en estos años", ha remarcado.

Ayudas al tejido productivo

Montero ha señalado que para el Ejecutivo es fundamental seguir acompañando la transformación de las empresas aprovechando las oportunidades que genera la revolución verde.

Así, con el objetivo de promover la movilidad eléctrica, incentivar la compra de vehículos y el despliegue de infraestructuras de recarga, se amplía el plazo del Programa de Apoyo a la Movilidad Eléctrica, MOVES III, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Las distintas líneas de ayuda destinadas al vehículo eléctrico alcanzan los 1.500 millones de euros.

Por otra parte, para lograr el objetivo de la descarbonización, el Real Decreto-ley recoge una nueva partida de 50 millones de euros para la transformación sostenible de flotas de vehículos pesados de transporte de pasajeros y mercancías por carretera. Igualmente, la norma incorpora incentivos fiscales para que empresas y autónomos apuesten por la renovación de su flota.

El Gobierno también mantiene las ayudas al tejido industrial mediante la prórroga hasta el 31 de diciembre del mecanismo de apoyo a la competitividad de la industria electrointensiva con el fin de compensar sus costes energéticos. Se mantiene la reducción del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de esta industria.

De igual modo, se prorroga hasta final de año la flexibilidad para modificar sin penalización los contratos de suministro de electricidad.

Montero ha trasladado que se crea un nuevo Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones de euros, cuyos beneficiarios finales serán las empresas que desarrollen proyectos clasificados como inversiones de impacto social o medioambiental.

Por otra parte, la vicepresidenta primera ha avanzado que el Ejecutivo prorroga todos los beneficios fiscales dirigidos a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Se prorrogan asimismo las prestaciones por cese de actividad y los ERTE para las empresas afectadas.

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