El PSOE, acorralado, quiere limitar la acusación popular en la Justicia
El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica de “garantía y protección de los derechos fundamentales” frente a lo que considera el acoso derivado de “acciones judiciales abusivas”.
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Se trata de una normativa que, de aprobarse, limitará la acusación popular y la posibilidad de abrir procedimientos penales como los que han acabado con Begoña Gómez, el hermano del presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado imputados.
La nueva normativa busca limitar la participación de la acusación popular en los procesos judiciales a la etapa de juicio oral y a la presentación inicial de la querella.
“La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito”, ha asegurado el PSOE.
En su opinión, así se acabará con “la filtración constante de las diligencias”.
Según la propuesta del PSOE la acusación popular conservará la facultad de impugnar un auto de archivo si discrepa con la decisión. Además, se establece que, para actuar como acusación popular, se deberá demostrar un vínculo “específico, relevante y suficiente con el interés público protegido en el proceso penal".
Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal “con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades”.
Por último, esta nueva ley recoge lo ya anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la polémica de las campanadas: la eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Concretamente, la nueva norma pretende suprimir el artículo 525 del Código Penal, ya que, según los socialistas es “un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal”.
Las cuatro asociaciones de jueces han criticado severamente esta proposición de ley registrada por el PSOE, ya que aseguran que "inutiliza" la acción popular en los procesos judiciales, es "inconstitucional" y parece creada para su "específica aplicación a casos concretos".
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con la corrupción ha sido primero cometerla, después indultarla o amnistiarla, más tarde aplaudirla y por último querer amordazar a los jueces para que no pueda ser investigada
Gamarra ha asegurado que ve a Sánchez “obsesionado” con quienes denuncian la corrupción, con quienes la investigan y con quienes informan sobre ella y le ha acusado de pretender conseguir que las investigaciones puedan ser “bloqueadas”.
“Es una peligrosa deriva en el marco de nuestro Estado de derecho”, ha recalcado, antes de advertir que el PP utilizará todos los instrumentos a su alcance para evitar el nuevo “recorte del Estado de derecho en nuestro país”, que es lo que supone la iniciativa presentada hoy por el PSOE.
“Sánchez y el Partido Socialista no quieren combatir la corrupción, quieren la impunidad ante la corrupción que está siendo investigada en los tribunales”, ha asegurado Gamarra, que ha añadido que si estas investigaciones dependieran de la Fiscalía, “está claro que quien no va a continuar con la acusación es el fiscal general del Estado”
Además ha recordado que lo que se está investigando son, entre otras causas, “los negocios del entorno más próximo del presidente del Gobierno” o cómo su mujer “aprovecha su condición de mujer del presidente del Gobierno”.
Gamarra ha rechazado que se trate de “recortes de prensa”, sino que son “actuaciones de la justicia basándose en informes de la Guardia Civil y en las propias investigaciones y diligencias judiciales”
