El Gobierno pacta con Europa alargar cálculo de pensiones
Bruselas obligará a España a alargar el periodo de cálculo de las pensiones antes de que termine 2022 para seguir desembolsando fondos europeos.
El Gobierno y la Comisión Europea han hecho público esta semana el acuerdo que establece cómo será el control de las inversiones y reformas comprometidas en el Plan de Recuperación.
En el documento firmado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, también se detallan las metas que el país debe cumplir en los próximos años. Yahí se confirma que España tendrá que fijar el nuevo periodo de cálculo de las cotizaciones para que entre en vigor en 2023.
La medida ya se encontraba reflejada en el Plan de Recuperación presentado en mayo.
Entonces se incluyó una referencia más genérica a ese propósito, al anunciar ante Bruselas la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".
La ambigüedad en este compromiso llegaba meses después de la polémica desatada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al plantear a principios de año la posibilidad de alargar a 35 años el periodo que el sistema público tendría en cuenta para calcular el importe de la pensión, desde los 24 años actuales (25 en 2022).
El propio Escrivá admitía que esta medida tendría un impacto en las prestaciones, ya que al contabilizar más años, era probable incluir más 'lagunas', esto es, periodos en desempleo o en los que el trabajador no haya cotizado lo suficiente
Sin embargo, el choque entre Escrivá y sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno, así como la negativa frontal de los sindicatos, aparcó la posibilidad de fijar cualquier referencia temporal en el documento remitido a Bruselas antes del verano.
Ahora tendrá que hacerlo.
Como también fijar antes del 15 de noviembre el nuevo sistema que sustituirá al factor de sostenibilidad, con la última propuesta del Gobierno para subir un 0,6% las cotizaciones sociales (un 0,4% para empresarios y un 0,2% para trabajador).
Control trimestral
El acuerdo firmado entre Hacienda y la Comisión también deja claro que España tendrá que pasar un exhaustivo examen de Bruselas si quiere seguir recibiendo fondos europeos.
En concreto, habrá reuniones trimestrales en las que se analizará y se hará balance de los avances del Plan.
Además de estas reuniones de seguimiento, la Comisión podrá solicitar a la ministra de Hacienda -que al final será la encargada de la coordinación con Bruselas- otro tipo de encuentros para analizar la marcha de inversiones o reformas concretas.
Especialmente de aquellas que despiertan mayor interés por su impacto económico o que generan mayores dudas por las posibles dificultades para sacarlas adelante.
Si España incumple lo pactado, Bruselas activará el botón de 'stop' en las ayudas.
Del mismo modo, el país se compromete a avisar con tiempo si considera que no alcanzará sus objetivos. El control será, en este punto, al milímitro. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, y como ya se sabía en el momento en el que Europa dio su visto bueno al Plan de Recuperación, el Ejecutivo tendrá que justificar en qué y cómo se están empleando los fondos, con la documentación necesaria que demuestre cómo cada céntimo gastado ha contribuido a conseguir los objetivos establecidos.
Y lo mismo con las reformas, cuyos textos tendrán que ir acompañados -cuando se remitan a Bruselas- de una previsión sobre su impacto económico.
